The state of emergency in force since March due to an increase in violence was followed by a decrease in the number of homicides but also by harsh condemnations from human rights organizations denouncing arbitrary detentions of innocent people and deaths in the country’s overcrowded prisons.
Amidst accusations of authoritarianism from different sectors, Bukele governs with extreme comfort after his party and its allies achieved an overwhelming qualified majority in the Legislative Assembly last year.
In the same elections, Claudia Ortiz, a 35-year-old lawyer from civil society -she worked for more than a decade in the National Foundation for Development, a Salvadoran think tank- was also elected as deputy, running under the name of Vamos. This recently formed party places itself in the center of the political spectrum.
Faced with the apparent silence and loss of influence of the traditional parties that alternated in power in the past (FMLN and ARENA, today with only a handful of deputies), Ortiz has gained visibility as an emerging voice that vehemently confronts the ruling party and demands accountability for the lack of public information on intangible issues, such as the government’s investment in bitcoin, which was declared legal tender in El Salvador more than a year ago.
In the following interview, Ortiz reflects on the current security and economic situation in El Salvador, the government’s handling of it, and the role of the opposition in a scenario where Bukele’s party enjoys strong support.
“El Salvador has had severe problems related to public security. The question is, why not use the National Civil Police for this? From my point of view, military deployment is not a coincidence.”
“El Salvador should not aspire to be a militarized country where armed force is used for practically everything. We already see that story in Nicaragua and the consequences.”
“I am not surprised that President Bukele is making a display showing the military capacity that El Salvador has. He is doing something popular in front of the cameras, in front of the international press, and above all, in front of the population.”
“The current regime of exception, which incarcerates gang members and at the same time is going over the heads of an essential part of civil society that is not guilty of anything attributed to them.”
“The current lack of constitutional guarantees has opened the way for innocent people to be unable to defend themselves.”
“This cannot be denied, but it can be explained. Any violent death that can be avoided is a gain. The question is, at what cost are these months of increased security being achieved?”
“Enough serious journalistic reports show that this administration may have made illegitimate agreements with organized crime groups. But without transparency on achieving these results, we are not discussing a definitive, sustainable, or long-term solution.”
“A truce is an easy and immediate way that gives results, headlines, and photos. But I am convinced that security can be achieved through a legal route without going over the rights of the civilian population, due process, and legality.”
“Going to the depths of the problems and generating conditions so they can be maintained over time is not being done, and these are my objections to the emergency regime.”
“We are giving results now, but what will happen next? Will we have fed a monster that we cannot control? What will the State have to do to keep this at bay? And what power is being given to these groups?”
BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63883699
“La población de El Salvador está dispuesta a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad”: Claudia Ortiz, diputada opositora
El estado de excepción vigente desde marzo por un incremento de la violencia, le siguió un descenso en el número de homicidios pero también duras condenas de organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias de personas inocentes y muertes en las sobrepobladas cárceles del país.
Entre acusaciones de autoritarismo por parte de diferentes sectores, Bukele gobierna con extrema comodidad después de que su partido lograra el año pasado junto a sus aliados una aplastante mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.
En esos mismos comicios también fue elegida diputada Claudia Ortiz, una abogada de 35 años procedente de la sociedad civil -trabajó más de una década en la Fundación Nacional para el Desarrollo, un centro de pensamiento salvadoreño-, que se presentó bajo las siglas de Vamos, un partido recién formado que se autoubica en el centro dentro del espectro político.
Frente al aparente silencio y pérdida de influencia de los partidos tradicionales que se alternaron en el poder en el pasado (FMLN y ARENA, hoy con apenas un puñado de diputados), Ortiz ha ganado visibilidad como una voz emergente que hace frente con vehemencia al partido en el poder y le exige que rinda cuentas ante la falta de información pública sobre asuntos trascendentales, como la inversión del gobierno en bitcoin que fue declarada moneda de curso legal en El Salvador hace más de un año.
En la siguiente entrevista, Ortiz reflexiona sobre la situación actual de la seguridad y economía salvadoreña, la gestión que el gobierno está haciendo al respecto y el rol de la oposición en un escenario donde el partido de Bukele goza de grandes apoyos.
Evidentemente, El Salvador ha tenido problemas relacionados a la seguridad pública gravísimos. La pregunta es ¿por qué no usar para esto a la Policía Nacional Civil? Desde mi punto de vista, el despliegue militar no es una casualidad.
El Salvador no debería aspirar a ser un país militarizado, un país donde se utilice la fuerza armada para prácticamente todo. Esa historia ya la estamos viendo en Nicaragua y vemos cuáles son las consecuencias.
No me sorprende que el presidente Bukele haga un despliegue mostrando la capacidad militar que tiene El Salvador. Está haciendo algo popular de cara a las cámaras, de cara a la prensa internacional y sobre todo de cara a la población.
Como con el régimen de excepción actual, que encarcela pandilleros y al mismo tiempo se está pasando por encima de una parte importante de la sociedad civil que no es culpable de nada de lo que se les atribuyen.
Ante la actual falta de garantías constitucionales se ha abierto el espacio para que gente inocente no pueda defenderse.
Eso es algo que no se puede negar, pero sí se puede explicar. Cualquier muerte violenta que se pueda evitar es una ganancia. La cuestión es ¿a qué costo se están logrando estos meses de mayor seguridad?
Hay suficientes reportes periodísticos serios que muestran que esta administración podría haber realizado acuerdos ilegítimos con grupos de crimen organizado. Pero si no hay transparencia de cómo se están logrando estos resultados, no estamos hablando realmente de una solución definitiva, sostenible o a largo plazo.
Una tregua es la vía fácil e inmediata, la que da resultados, titulares y fotos. Pero yo estoy convencida de que se puede conseguir la seguridad por una vía legal, sin pasar por encima de los derechos de la población civil, de los debidos procesos y de la legalidad.
Ir a lo profundo de los problemas y generar las condiciones para que puedan mantenerse en el tiempo es lo que no se está haciendo y esos son mis reparos al régimen de excepción.
Estamos dando resultados en este momento, pero ¿qué va a pasar después? ¿Habremos alimentado un monstruo que no podremos controlar? ¿Qué tendrá que hacer el Estado para mantener esto a raya? ¿Y qué poder se les está otorgando a estos grupos?
BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63883699