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The request of the Executive to extend the ninth-month exception regime came yesterday together with reforms to the Anti Extortion Law, which will allow the imprisonment of business people and any person with small businesses forced by threats to pay extortion to criminal groups.

The National Association of Private Enterprise (ANEP) and opposition deputies yesterday rejected this measure, as they consider that Bukele’s government is turning into criminals those who, in reality, are the «victims» who need protection from the State and who range from prominent entrepreneurs to small business owners.

The modifications also allow for the capture of family members of gang members who cover up extortion and will be studied by the deputies in the coming days.

The documents of these modifications were not yet public at the closing of this edition; however, the Minister of Security, Gustavo Villatoro, detailed in broad strokes the reforms he took to the Assembly yesterday. First, he explained that the crime of «illegal financing of criminal organizations» is incorporated to prohibit and criminally punish from 5 to 8 years companies, managers, and legal representatives classified as large or medium-sized taxpayers of the State that pay extortion to criminal structures.

In 2021 alone, transport businessmen reported that they had to pay $12 million to the gangs so they would not attack them, their personnel, and their families.

A protected witness for the Attorney General’s Office said in 2019, in a trial against members of the Mara Salvatrucha (MS13), that this structure collects more than $2.7 million per month through illicit activities.

But it has also been reported that companies that provide goods and services are forced to pay «rent» so that their personnel can enter the neighborhoods to deliver products without the danger of being killed.

But, according to Villatoro, they will no longer tolerate any company » financing the cowardly terrorists» in this way.

However, for ANEP, the businessmen, including their collaborators, are «victims» of extortion. They consider that the Executive’s proposal punishes them instead of protecting them.

«Businesses of all sizes and citizens are victims of extortion crime. It is an exercise of violence. Those who pay extortion do so involuntarily; therefore, it is not the victim who should be punished but the one who commits the crime. We expect the State to treat those who may still be the object of extortion as what they are: victims, not something else», expressed representatives of the business leaders to El Diario de Hoy.

Deputy Claudia Ortiz of the VAMOS party expressed that the government’s proposal is dangerous because it transfers to citizenship a responsibility that belongs to the State.

«It seems that as in other types of laws that have been reformed, they are throwing the responsibility of what should be the State to the citizens; they are not saying, ‘we are going to protect you from extortions,’ they are saying: if you accept (to pay) extortion you will not be a victim, you will be a criminal,» lamented Ortiz.

She also stated that many companies are forced to pay extortion due to threats from criminal groups; therefore, she considers that the initiative must go through an exhaustive study with specialists in criminal matters and sectors that understand the rule of law and human rights.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-extorsiones-terroristas-ministro-de-seguridad-publica-regimen-excepcion-pandillas-colaboradores-vinculos-con-reformas-penales-/1024485/2022/

Gobierno pide cárcel para víctimas que paguen extorsiones

La petición del Ejecutivo para ampliar por noveno mes el régimen de excepción llegó ayer aparejada con reformas a la Ley Anti Extorsiones, que permitirán encarcelar a empresarios y a toda persona con negocios pequeños que se ve obligada por amenazas a pagar extorsiones a los grupos criminales.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y diputados de la oposición rechazaron ayer esa medida, pues consideran que el gobierno de Bukele está convirtiendo en delincuentes a quienes en realidad son las “víctimas”, que necesitan protección del Estado y que van desde grandes empresarios hasta dueños de pequeños negocios.

Las modificaciones también permiten capturar a los familiares de los pandilleros que encubran las extorsiones y serán estudiadas por los diputados en los próximos días.

De estas modificaciones los documentos aún no eran públicos al cierre de esta edición; sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló a grandes rasgos las reformas que llevó a la Asamblea ayer. En primer lugar, explicó que se incorpora el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales”, para prohibir y sancionar penalmente de 5 a 8 años a empresas, directivos y representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado que pagan extorsión a las estructuras criminales.

Sólo en 2021, los empresarios del transporte denunciaron que tuvieron que pagar 12 millones de dólares a las pandillas para que no atentaran contra ellos, su personal y sus familias.

Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República dijo en 2019, en un juicio contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), que esta estructura recolecta más de 2.7 millones de dólares mensuales mediante actividades ilícitas.

Pero también se ha denunciado que empresas proveedoras de bienes y servicios se ven obligadas a pagar “renta” para que su personal pueda entrar a las colonias a entregar productos sin el peligro de ser asesinados.

Pero, según dijo Villatoro, ya no tolerarán que ninguna empresa “esté financiando a los cobardes terroristas” de esa manera.

Sin embargo, para la ANEP, los empresarios, incluyendo sus colaboradores, son “víctimas” de las extorsiones. Consideran que la propuesta del Ejecutivo los castiga en vez de protegerlos.

“Las empresas de todo tamaño y los ciudadanos son víctimas en el delito de extorsión. Es un ejercicio de violencia. Quien paga la extorsión lo hace involuntariamente; por tanto, no debe sancionarse a la víctima, sino a quien comete el delito. Esperamos que el Estado trate a quienes aun puedan ser objeto de extorsión como lo que son: víctimas, no otra cosa”, expresaron representantes de la cúpula empresarial a El Diario de Hoy.

Explicaron que en ese contexto, esperan que el gobierno siga trabajando en generar mecanismos seguros de denuncia, pero sobre todo combate a la inseguridad, en beneficio de los colaboradores que trabajan en sus empresas, que son los más vulnerables.

La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, expresó que la propuesta del gobierno es peligrosa, porque traslada a la ciudadanía una responsabilidad que es del Estado.

“Parece que como en otros tipos de leyes que se han reformado, se le está tirando la responsabilidad de lo que debería ser el Estado a la ciudadanía, no le están diciendo, ‘lo vamos a proteger de las extorsiones’, le están diciendo: si usted acepta (pagar) extorsión no será víctima, será delincuente”, lamentó Ortiz.

Además, afirmó que muchas empresas se ven obligadas a pagar extorsión por las amenazas de los grupos criminales; por lo tanto, considera que la iniciativa debe pasar por un estudio exhaustivo con especialistas en materia penal y sectores que entienden de estado de Derecho y Humanos.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-extorsiones-terroristas-ministro-de-seguridad-publica-regimen-excepcion-pandillas-colaboradores-vinculos-con-reformas-penales-/1024485/2022/