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For this Wednesday, the Legislative Assembly would approve a ninth extension of the state of exception, said parliamentary sources.

Now the state of exception, which includes suspension of constitutional and judicial rights, is accompanied by the installation of military checkpoints and searches in the most significant cities nationwide to «extract» suspected gang members, according to the government.

So far, under the emergency regime, more than 58,000 people have been detained whom the government accuses of belonging to gangs or having links to them.

The emergency regime has been imposed since March 27, but has been strongly criticized by opposition parties, social organizations, and recently by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).

The IACHR has expressed concern over the persistence of massive and allegedly arbitrary detentions and the lack of judicial guarantees. More than 90 detainees under the emergency regime have reportedly died in state custody. The Human Rights Ombudsman’s Office has opened investigations into 4,000 allegations of abuses.

Organizations such as Human Rights Watch (HRW) and Cristosal called on the Salvadoran government to end the exception regime because of the abuses it encourages.

However, on his Twitter account, Bukele responded: «No.»

Later, in another tweet, the governor declared, «even if they oppose us, attack us and sanction us, we continue.»

In mid-November, the United Nations Committee against Torture (CAT) summoned the State of El Salvador to hear its explanations within a review of the application of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment signed by El Salvador.

Representatives of Bukele’s government appeared before the Committee Against Torture (CAT) of the United Nations to respond to allegations of torture and other cruel and inhuman treatment amid an emergency regime that suspends constitutional rights, which would be extended this Wednesday for the ninth month.

Government officials justified their actions under the slogan that Bukele has disseminated in the media; that it is all about «waging war against gangs.» The government blames these criminal groups for being the actual violators of citizens’ rights.

However, the Committee expressed its deep concern about the grave human rights consequences of the measures adopted by the authorities under the emergency regime, decreed on March 27, 2022, and still in force, which to date have resulted in the detention of more than 57,000 people,» the Committee said in its concluding observations in early December on El Salvador’s third periodic report.

The Committee again noted its concern that the Armed Forces continue to carry out citizen security tasks, which is not their function. It also cited reports of arbitrary detentions and extrajudicial executions that affected minors.

The deputy of the VAMOS party, Claudia Ortiz, stated that El Salvador has already been under a regime of exception for nine months, for which she wonders «what is the long-term solution? What is the definitive solution? It is simply to put a large number of people in jail indiscriminately».

He pointed out that there are no investigations to individualize responsibilities for the crimes; he considers that the victims have the right to truth and justice.

He expressed concern because the Army continues to be granted powers that do not correspond to it, such as public security.

«Giving a military approach to the citizenry opens spaces for abuses of power,» he pointed out.

Meanwhile, Congresswoman Anabel Belloso of the FMLN insists that, at this point, it is inadmissible that under the theme of fighting crime, an exceptional measure continues to be applied.

«The government has laws and resources to prosecute criminals without having to trample on the rights of innocent people or make arbitrary arrests,» Belloso said.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-regimen-de-excepcion-cidh-fmln-anabel-belloso-claudia-ortiz-vamos-derechos-humanos-/1024192/2022/

Asamblea se apresta a avalar novena prórroga al estado de excepción

Para este miércoles la Asamblea Legislativa estaría aprobando una novena prórroga del régimen de excepción, dijeron fuentes parlamentarias.

Ahora el estado de excepción, que comprende suspensión de derechos constitucionales y judiciales, se acompaña de la instalación de retenes militares y cateos en las ciudades más grandes a nivel nacional para “extraer” a sospechosos de pertenecer a las pandillas, según dice el gobierno.

Hasta ahora, con el régimen de excepción han sido detenidas más de 58,000 personas, a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con ellas.

El régimen de excepción se ha venido imponiendo desde el pasado 27 de marzo, pero ha sido criticado fuertemente por los partidos de oposición, organizaciones sociales y recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH ha expresado preocupación por la persistencia de las detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales. Más de 90 detenidos en el régimen de excepción han muerto bajo custodia estatal, según se ha denunciado. La Procuraduría de Derechos Humanos ha abierto investigaciones por 4,000 denuncias de abusos.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal le pidieron al gobierno salvadoreño que termine el régimen de excepción por los abusos que propicia.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Bukele respondió: “No”.

Posteriormente, en otro tuit, el gobernante declaró que “aunque se opongan, nos ataquen y nos sancionen, nosotros seguimos”.

A mediados de noviembre, el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas convocó al Estado de El Salvador para escuchar sus explicaciones dentro una revisión de la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes suscrita por El Salvador.

Representantes del gobierno de Bukele comparecieron ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas para responder por denuncias de tortura y otros tratos crueles e inhumanos en medio de un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales y que estaría siendo ampliado este miércoles por noveno mes.

Los funcionarios del gobierno justificaron sus acciones bajo el lema que ha sido difundido mediáticamente por Bukele; que todo se trata de “librar una guerra en contra de las pandillas”. El gobierno culpa a estos grupos criminales de ser los verdaderos violadores de los derechos de la ciudadanía.

Sin embargo, el Comité expresó su profunda preocupación por las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y aún en vigor, y que hasta la fecha han supuesto la detención de más de 57,000 personas”, señaló el Comité en sus observaciones finales a principios de diciembre, sobre el tercer informe periódico de El Salvador.

El Comité volvió a señalar su preocupación de que las Fuerzas Armadas siguen realizando tareas de seguridad ciudadana, siendo que no es su función. Además, señaló las denuncias de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales que han afectado hasta a menores de edad.

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, manifestó que El Salvador ya lleva nueve meses bajo un régimen de excepción, por lo que se pregunta “¿cuál es la solución a largo plazo, cuál es la solución definitiva? Simplemente es meter indiscriminadamente a una gran cantidad de personas a la cárcel”.

Señaló que no existen investigaciones que permitan individualizar las responsabilidades por los delitos, considera que las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia.

Manifestó preocupación porque se le siguen otorgando facultades al Ejército que no le corresponden, como es el de la seguridad pública.

“Darle un enfoque militar a la ciudadanía, se abren espacios a abusos de poder”, apuntó.

Mientras que la diputada Anabel Belloso, del FMLN, insiste en que a estas alturas es inadmisible que bajo el tema de combate a la criminalidad se siga aplicando una medida excepcional.

“El gobierno tiene, leyes y recursos para perseguir criminales sin tener que atropellar derechos de personas inocentes o de hacer capturas arbitrarias”, manifestó Belloso.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-regimen-de-excepcion-cidh-fmln-anabel-belloso-claudia-ortiz-vamos-derechos-humanos-/1024192/2022/