The Office of Legal Counsel and Anti-Corruption of El Salvador (Alac) denounced, before the United Nations Human Rights Committee, the Salvadoran State’s violation of the rights of access to public information, the right to an independent judge, and the right to the truth.
These three rights are enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations (UN).
In the lawsuit, filed last December 2, Alac denounces the violation of the right of access to public information due to the constant refusals of the Information Officer and the General Secretariat of the Supreme Court of Justice (CSJ) to provide the names and identity of the judges appointed after the implementation of Legislative Decree 144.
Legislative Decree 44, called “Reform to the Judicial Career Law,” establishes the dismissal of magistrates and judges when public servants reach 60 years of age and serve at least 30 years in office.
After the massive removal of judges and magistrates, the CSJ appointed 98 new judges and magistrates on Sunday, September 26, 2021, without following due process, as denounced by several sectors. Then 70 more were established on October 14.
The Court has also refused to hand over the curriculum vitae of the judges and the procedure currently followed for their selection, appointment, and the reasoning of the Court magistrates for their work.
According to Alac’s complaint, the Supreme Court of Justice refuses to hand over this data, alleging “that it is reserved information because its disclosure could affect the personal security of the judges.”
“The Officer informed us that he could not deliver the requested information since, according to the memorandum of the General Secretariat of the Court, orders had been received from the Superior Directorate to notify the impossibility of providing the requested lists because it could mean a risk to the security and physical integrity of the judicial officials” expresses the complaint.
Alac denuncia al Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
La Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la violación del Estado salvadoreño a los derechos de acceso a la información pública, el derecho a un juez independiente y el derecho a la verdad.
Esos tres derechos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la demanda, presentada el 2 de diciembre pasado, Alac denuncia la violación al derecho de acceso a la información pública, por las constantes negativas del Oficial de Información y la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de brindar los nombres e identidad de los jueces nombrados tras la aplicación del decreto legislativo 144.
El decreto legislativo 44 denominado “Reforma a la Ley de la Carrera Judicial” establece la cesación de magistrados y jueces cuando tales servidores públicos cumplan 60 años de edad y al haber cumplido por lo menos 30 años en su ejercicio.
Tras la expulsión masiva de los jueces y magistrados la CSJ nombró, el domingo 26 de septiembre de 2021, a 98 nuevos jueces y magistrados, sin seguir el debido proceso, según denunciaron diversos sectores. Luego 70 más fueron nombrados el 14 de octubre.
La Corte también ha negado entregar la hoja de vida de los jueces y el procedimiento que actualmente se sigue para su selección, nombramiento y los razonamientos de los magistrados de la Corte para su nombramiento.
Según la denuncia de Alac, la Corte Suprema de Justicia niega entregar estos datos alegando “que se trata de información reservada porque su divulgación podría afectar la seguridad personal de los juzgadores”.
“El Oficial nos comunicó que no podía entregar la información pedida, ya que, según se plasmó en el memorándum de la Secretaría General de la Corte, se habían recibido órdenes de la Dirección Superior para notificar la imposibilidad de proporcionar los listados solicitados porque podría significar un riesgo a la seguridad e integridad física de los funcionarios judiciales” expresa la denuncia.
Sin embargo, Alac explica que en ningún momento se ha solicitado información sensible propia de la vida privada, sino información de carácter público, según está previsto en la misma legislación salvadoreña.