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The organizations were able to corroborate, according to their most recent study, more than 1,100 cases of arbitrary detentions; of these, 130 were documented in detail, including 12 cases that were considered to be short-term forced disappearances.

According to data from the same government authorities, these cases must add victims of torture and ill-treatment and at least 90 people who have died inside prisons.

«The regime in El Salvador has violated human rights in a generalized manner,» said Juanita Goebertus, director of the Americas Division of Human Rights Watch, at the presentation of the study.

Given the gravity and severity of the findings, the organizations issued recommendations directed at the Central American Bank for Economic Integration (CABEI), one of the financial institutions that continues to support the Salvadoran government, the security forces, and the Territorial Control Plan with loans.

«We are very concerned about how the bank has been financing the Salvadoran government, in principle,under laudable objectives, such as reducing overcrowding, but it is not willing to establish clear conditions so that Salvadoran government policies that have ended up generating the increase in overcrowding, as documented in this report, do not mean retaining resources and therefore have some room for maneuver for the government to change such policies,» said Goebertus.

Currently, CABEI has 13 «active loans» for the government of El Salvador for more than $1.5 billion. The report noted that in 2021 alone, CABEI’s board of directors approved loans to El Salvador for more than $884 million, the most significant amount granted compared to those received by other Central American countries.

The report indicated that part of these funds has gone to state institutions involved in human rights violations during the regime. Among these are two loans for the Territorial Control Plan for $200 million, which would go to the National Civil Police (PNC), the Ministry of Defense, and the Ministry of Public Works (MOP).

Juan Pappier, an HRW investigator, said that CABEI officials informed them that the funds have not yet been disbursed and are being «reformulated to replace the PNC and the Ministry of Defense.» However, these funds are already contemplated in the 2023 budget.

The Attorney General’s Office (FGR) will also be one of the entities that will receive funds from CABEI. Pappier expressed that the bank should reconsider the delivery of funds due to the performance of the FGR during the exception regime. «It makes little sense to give money to an entity that participates in human rights violations that have no interest in providing impartial justice,» he said.

Another loan intended for the Directorate of Penal Centers was redirected to the Ministry of Public Works (MOP) by approval of the bank’s board of directors after Osiris Luna received sanctions from the US Treasury Department, Pappier said.

Wilson Sandoval, a coordinator of the Anticorruption Legal Advice Center (ALAC) of the National Foundation for Development (Funde), told GatoEncerrado that CABEI has the full power to generate a policy that includes respect for human rights to grant credits or funds. However, he pointed out that civil society has insisted on the issue of guaranteeing more transparency and accountability to the states that receive funds from CABEI, but the bank itself has been reluctant.

Sandoval recalled that in 2021 they used the bank’s complaint mechanism for ethical violations. «The bank cannot by rule finance armament or purchase of armament from states,» Sandoval said regarding CABEI funds used to purchase naval units and helicopters from the Salvadoran Army. At the time, CABEI’s response was terse, with barely a line in which they said they «did not see ethical non-compliance.»

Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2022/12/08/hrw-y-cristosal-piden-al-banco-centroamericano-que-suspenda-financiamiento-a-instituciones-que-violan-derechos-en-el-salvador/

HRW y Cristosal recomiendan al Banco Centroamericano que suspenda financiamiento a instituciones que violan derechos en El Salvador

Las organizaciones pudieron corroborar, según su más reciente estudio, más de 1,100 casos de detenciones arbitrarias; de estos, 130 fueron documentados con detalles, incluyendo 12 casos que se consideraron como desapariciones forzadas de corta duración.

A estos casos se le suman víctimas de tortura, de malos tratos y al menos 90 personas que han fallecido al interior de centros penales, de acuerdo con datos de las mismas autoridades gubernamentales.

“El régimen en El Salvador ha violado de forma generalizada los derechos humanos”, expuso Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en la presentación del estudio.

Ante la gravedad y severidad de los hallazgos, las organizaciones emitieron recomendaciones dirigidas al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que es una de las entidades financieras que siguen apoyando con préstamos al gobierno salvadoreño, a las fuerzas de seguridad y al Plan Control Territorial.

“Nos preocupa muchísimo la manera en la cual el banco ha venido financiando al gobierno salvadoreño, en principio bajo objetivos loables, como por ejemplo reducir el hacinamiento, pero que no esté dispuesto a establecer hasta el momento condicionamientos claros para que políticas del gobierno salvadoreño que han terminado generando el incremento de hacinamiento, como lo documenta este informe, no significan retener recursos y por lo tanto tener algún margen de maniobra para que el gobierno cambie ese tipo de políticas”, dijo Goebertus.

Por el momento, el BCIE tiene 13 “préstamos activos” para el gobierno de El Salvador, por un monto total de más de $1,500 millones. El informe destacó que solo en 2021, el directorio del BCIE aprobó préstamos a El Salvador por más de $884 millones, el mayor monto concedido en comparación a los recibidos por otros países de Centroamérica.

El informe indicó que parte de estos fondos se han destinado a instituciones del Estado que han estado involucradas en violaciones a derechos humanos durante el régimen. Entre estos hay dos préstamos para el Plan Control Territorial por $200 millones, que irían para la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Juan Pappier, investigador de HRW, dijo que funcionarios del BCIE les informaron que los fondos aún no han sido desembolsados y que estarían siendo “reformulados para reemplazar a la PNC y al Ministerio de la Defensa”. No obstante, en el mismo presupuesto 2023 ya se contemplan estos fondos.

La Fiscalía General de la República (FGR) también será una de las entidades que recibirá fondos del BCIE. Pappier expresó que el banco debería reconsiderar la entrega de fondos debido a la actuación de la FGR durante el régimen de excepción. “Tiene poco sentido darle dinero a una entidad que participa en violaciones a derechos humanos que no tiene interés en brindar una justicia imparcial”, dijo.

Otro préstamo que estaba dirigido para que la Dirección de Centros Penales lo ejecutara se redirigió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por aprobación del directorio del banco después de que Osiris Luna recibiera sanciones de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, detalló Pappier.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo a GatoEncerrado que el BCIE tiene la completa potestad de generar una política que incluya el respeto a los derechos humanos para poder otorgar créditos o fondos. Sin embargo, señaló que desde la sociedad civil han insistido en el tema de garantizar más transparencia y rendición de cuentas a los Estados que reciben fondos del BCIE, pero el mismo banco ha sido renuente.

Sandoval recordó que en 2021 utilizaron el mecanismo de denuncias del banco por infracciones éticas. “El banco no puede financiar por norma armamento o compra de armamento de los Estados”, dijo Sandoval respecto a fondos del BCIE que se usaron para comprar unidades navales y helicópteros del Ejército salvadoreño. En ese entonces la respuesta del BCIE fue escueta, de apenas una línea en la que decían que “no veían incumplimiento ético”.

“Lo que pasa es que viene a ser la caja chica del régimen de Ortega y Bukele. Cuando no ven opciones en otros lados van al BCIE”, sostuvo Sandoval.

Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2022/12/08/hrw-y-cristosal-piden-al-banco-centroamericano-que-suspenda-financiamiento-a-instituciones-que-violan-derechos-en-el-salvador/