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Last December 5, constitutional lawyer Enrique Anaya expressed forcefully, in his Twitter account, that the project that the Executive, presided over by Nayib Bukele, sent to the Legislative Assembly and which consists of a new pension law, «is a farce» because it implies the loss of the savings of Salvadoran workers.

But what does this mean? The legal expert, who also participated in the formulation of the reform that allowed the increase of the minimum pension in 2017, explains to El Diario de Hoy that, in addition to the fact that the project is no different from the current law (and still in force), the same could give more freedom to the government to take the savings of contributors.

An example of this is the issue of the Certificates of Pension Obligations (COP), securities in the current lawcalled Pension Investment Certificates (CIP).

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These certificates allow the government to borrow money from the savings managed by the Pension Fund Administrators (AFP), with a reasonably low-interest rate (to date), which translates into a very high debt, currently around $7.9 billion, and with a sufficiently low yield for contributors.

The new proposal, however, promises that this interest would be 7% per annum, although this may not be sustainable over time.

In this new bill, the government places no limit on these placements since Art. 82 of the proposal states that the Salvadoran Pension Institute (ISP), an entity to be created under the new law, will be able to issue these COPs without limits, when the law still in force, after a reform in 2012, establishes that the Executive can only borrow up to 45% of the total savings of the workers.

These funds are used by the government to obtain liquidity and pay, with the savings of those still contributing, the pensions of people who retired under the previous systems (INPEP and ISSS) through the figure of the Pension Investment Trust (FOP), which according to the Ministers of Labor and Finance, Rolando Castro and Alejandro Zelaya, respectively, will disappear so that «no current or future government will take that money.»

However, this placement of the CIPs, which will be renamed COP if the law is approved as proposed, will be administered by the ISP, that is, the government itself, and since the wording of the draft bill does not place limits on the placement of these certificates, they will be able to oblige the PFAs to invest in these securities for the amount required by the government, according to Anaya.

This obligation can be seen in Art. 7 of the Special Bill for the Issuance of Certificates and Dissolution of the FOP, which establishes that «… the AFPs must acquire with the resources of the pension funds they manage, the totality of the COPs of each issue», which would be placed in the months of January, April, July and October of each year, and without limits as already stated in Art. 82 of the bill that seeks to formulate a new pension system.

Meanwhile, Anaya reiterates that «these obligations of the FOP, which the ISP will now absorb, will only be renamed, and the disadvantage is that there will be no limits for their issuance. I believe the government will take the savings,» says the constitutional lawyer.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/reforamas-a-las-pensiones-gobierno-trabajadores/1022664/2022/

Reforma a pensiones permitiría que el gobierno tome sin límites los ahorros de los trabajadores

El pasado 5 de diciembre, el abogado constitucionalista Enrique Anaya expresó, de forma contundente, en su cuenta de Twitter, que el proyecto que el Ejecutivo, presidido por Nayib Bukele, envió a la Asamblea Legislativa y que consiste en una nueva ley de pensiones, “es una farsa” debido a que supone la pérdida de los ahorros de los trabajadores salvadoreños.

¿Pero qué significa esto? El experto en temas jurídicos, y que también participó en la formulación de la reforma que permitió el aumento de la pensión mínima en 2017, explica a El Diario de Hoy que, además de que el proyecto no es distinto de la ley actual (y aún vigente), el mismo podría darle más libertad al gobierno para tomar los ahorros de los cotizantes.

Una muestra de ello es el tema de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los cuales son básicamente, títulos valores que en la actual ley se llaman Certificados de Inversión Previsional (CIP).

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Estos certificados le permiten al gobierno poder tomar dinero prestado de los ahorros que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un interés (a la fecha) bastante bajo, lo que se traduce en una deuda muy alta, actualmente de unos $7,900 millones, y con un rendimiento bastante bajo para los cotizantes.

La nueva propuesta, no obstante, promete que ese interés sería de un 7% anual, aunque esto podría no ser sostenible en el tiempo.

En este nuevo proyecto de ley, el gobierno no pone límite a esas colocaciones, pues el Art. 82 de la propuesta señala que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), entidad que se creará en el marco de la nueva ley, podrá emitir esos COP sin límites, cuando la ley aún vigente, tras una reforma en 2012, establece que el Ejecutivo solo puede tomar prestado hasta un 45% del total de los ahorros de los trabajadores.

Esos fondos el gobierno los utiliza para obtener liquidez y pagar, con los ahorros de los aún cotizantes, las pensiones de las personas que se jubilaron bajo los anteriores sistemas (INPEP e ISSS) a través de la figura del Fideicomiso de Inversiones Previsionales (FOP), el cual según los ministros de Trabajo y Hacienda, Rolando Castro y Alejandro Zelaya, respectivamente, desaparecerá para que “ningún gobierno actual o futuro tome ese dinero”.

Sin embargo, esa colocación de los CIP, que pasarán a llamarse COP si la ley se aprueba según lo planteado, serán administrados por el ISP, es decir, el mismo gobierno, y debido a que la redacción del anteproyecto no pone límites a la colocación de esos certificados, podrán obligar a las AFP a invertir en esos títulos valores por el monto que el gobierno requiera, señala Anaya.

Esta obligación puede observarse en el Art. 7 del proyecto de Ley Especial para Emisión de Certificados y Disolución del FOP, en el cual se establece que “… las AFP deberán adquirir con los recursos de los fondos de pensiones que administran, la totalidad de los COP de cada emisión”, los cuales se colocarían en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y sin límites como ya se señala en el Art. 82 del proyecto de ley que busca formular un nuevo sistema de pensiones.

En tanto, Anaya reitera que “a estas obligaciones del FOP, que ahora absorberá el ISP, solo se les cambiará el nombre, y la desventaja es que no habrá limites para su emisión. Creo que el gobierno se llevará los ahorros”, apunta el abogado constitucionalista.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/reforamas-a-las-pensiones-gobierno-trabajadores/1022664/2022/