The same scheme approved by the Assembly on November 30, in the “Special Law for the Contracting of Public Works with Inclusive Financing,” raises the possibility that the companies that execute public infrastructure projects “inflate” the prices of the works, warned economist Rafael Lemus.
According to the professional, the new regulation eliminates competition. It allows awarding of works “by handpicking” by obviating the application of the Law of Acquisitions and Contracting of the Public Administration (LACAP).
Then, “it is left open the possibility of price adjustments when they are greater than 15% increase in cost prices. What would a contractor do? To make a bid, taking care of his interests, and put price increases up to 15%, because if they exceed 15%, he can ask for a review of price and cost adjustments,” Lemus argued.
“This gives the contractor much flexibility. I’m afraid there’s no reason why we do this. Are we doing it for economic efficiency? We shouldn’t be giving these concessions. Are we doing it because we no longer have the financing to do these projects? If that is the case, we will still end up doing debt increase processes,” added Lemus.
He pointed out that although the government does not acquire loans to carry out the works, since the new law leaves this power to the companies to decide the cost of the results and the form of financing, the complexity of this is that an agreement is always made with the company. There is a risk that the company will not be able to obtain the funds.
According to him, the government is not looking for either efficiency or the cheapest financing “because the cheapest are agencies and concessionaires such as the World Bank, which I do not believe that a private company has access to such soft terms,” he added.
But not only that. Lemus says that the company appointed to execute the works without going through competition processes established by the LACAP will have extreme flexibility even to cede the infrastructure concessions to third parties.
“A contract can be given to a handpicked person, and at the end of the day, they can cede it to a third party; they can also subcontract; this scheme gives insecurity,” Lemus lamented.
Ley que obvia LACAP da pie a que empresas “inflen” costos de obras, dice economista
El mismo esquema aprobado por la Asamblea el 30 de noviembre, en la “Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido”, plantea la posibilidad que las empresas que ejecuten proyectos de infraestructura públicos “inflen” los cotos de las obras, advirtió el economista Rafael Lemus.
Según el profesional, la nueva normativa elimina la competencia y permite adjudicar las obras “a dedo” al obviar la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Entonces, “se deja la facilidad de que pueda haber ajustes de precios cuando sean mayores del 15% de aumento de los precios en costos. ¿Qué haría un contratista? Hacer una oferta ya curándose en salud y poner aumento de precios hasta 15%, porque si pasan del 15% puede pedir revisión de ajustes de precios y de costos”, argumentó Lemus.
“Esto le da mucho margen de flexibilidad al contratista. Temo que no hay como una razón por la cual hacemos esto. ¿Lo hacemos por eficiencia económica? No deberíamos dar estas concesiones. ¿Lo hacemos porque ya no tenemos financiamiento para hacer estos proyectos? Si es eso, igual vamos a terminar haciendo procesos de aumento de deuda”, agregó Lemus.
Señaló que aunque el gobierno no adquiera préstamos para hacer las obras, pues la nueva ley deja esa facultad a que las firmas decidan el costo de las obras y la forma de financiamiento, lo complejo de esto es que siempre se realiza un convenio con la empresa y se corre el riesgo de que la misma no logre conseguir los fondos.
Según dijo, el gobierno no está buscando ni la eficiencia ni tampoco el financiamiento más barato, “porque ese más barato son organismos y concesionarios como el Banco Mundial, que no creo que un privado tenga acceso a esos términos tan blandos”, añadió.
Pero no solo eso. Lemus dice que la empresa designada para ejecutar las obras sin haber pasado por procesos de competencia como lo establece la LACAP tendrá una flexibilidad extrema hasta de ceder las concesiones de la infraestructura a terceros.
“Se le puede dar un contrato a una persona a dedo y de remate puede cederlo a un tercero, puede además subcontratar, este esquema da inseguridad”, lamentó Lemus.