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The social organization Cristosal has received a monthly average of 376 complaints of human rights violations in eight months of the emergency regime, as informed yesterday during a press conference.

According to the data presented by the organization, which specializes in defense of human rights, from March 27 to November 28, they have counted 3,015 complaints of cases affecting 3,139 people whose rights have been violated.

Of the total number of complaints, 97.1% are related to arbitrary detentions, followed by complaints of illegal trespassing and mistreatment.

The personnel of the National Civil Police (PNC) continues to be identified as the main violator of rights in the context of the emergency regime with 75.3% of cases, followed by the teams composed of police and soldiers with 16.7% and in third place the Armed Forces with 6.2%.

Rina Montti, Cristosal’s Human Rights monitoring director, expressed that it is worrisome that the Armed Forces are mentioned for cases of arbitrary detentions. «It is a sign that the constitutional duty of the Armed Forces in security tasks is being exceeded, when in fact, it is not part of their role within the State,» explained the specialist.

Regarding the age of the victims, people between 18 and 30 years old continue to be the most affected, with 59%; in second place is the age range of 31 to 41 years old, with 24.1%.

Concerning gender, 85.7% of the victims are men, 13.1% are women, and 53 victims from the LGTBIQ+ population are also reported.

According to Cristosal’s data, among the people who have been arbitrarily captured are 245 who suffer from chronic diseases and 53 people who have some disability, either physical or mental.

Of the total number of complaints of arbitrary arrests, 231 people detained had criminal records, but not necessarily for crimes related to illegal structures. «We have detected cases of people with criminal records for domestic violence or reckless driving, that is, for driving under the influence of alcohol,» said Montti.

Another worrying data for human rights defenders are the 184 cases received in which people have been detained for accusations made by anonymous calls, according to the version given by the police to the relatives at the time of the arrest.

Montti explained that the modality of anonymous calls could be part of the rupture of the social fabric within the communities, which causes fear and distrust and can even lead to some kind of conflict.

The study reflects that, despite the state of exceptionality, cases of forced internal displacement continue to occur in the communities.

Cristosal has assisted 330 people in conditions of forced internal displacement, 63.7% of whom were subjected to gang threats, 15.5% by the PNC or military, 5.4% by private individuals, and other acts provoked by unknown persons.

Regarding the installation of community fences, announced by the government, within the fifth phase called «extraction» of the territorial control plan, Montti explained that putting up such barriers can generate other types of rights violations.

«We have identified cases, even of girls suffering sexual harassment, of women and young people beaten or detained, in a kind of threat from some members of the Police,» explained Montti.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cristosal-recibe-376-denuncias-mensuales-violacion-derechos-humanos/1020422/2022/

Cristosal recibe 376 denuncias mensuales de violaciones a Derechos Humanos

La organización social Cristosal ha recibido un promedio mensual de 376 denuncias de vulneraciones a derechos humanos en ocho meses de régimen de excepción, informaron ayer durante una conferencia de prensa.

Según los datos presentados por la organización, especialista en la defensa de los derechos humanos, desde el 27 de marzo hasta el 28 de noviembre contabilizan 3,015 denuncias de casos que afectan a 3,139 personas a las que les han sido vulnerados sus derechos.

Del total de denuncias, el 97.1% está relacionado a detenciones arbitrarias, luego siguen las denuncias de allanamiento ilegal de morada (vivienda) y malos tratos.

El personal de la Policía Nacional Civil (PNC) sigue siendo señalado como el principal vulnerador de derechos en el contexto del régimen de excepción con un 75.3% de casos, seguido por los equipos compuestos por policías y soldados con un 16.7% y en tercer lugar la Fuerza Armada con el 6.2%.

Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, expresó que es preocupante que se mencione a la Fuerza Armada por casos de detenciones arbitrarias. “Es una muestra de que se excede cuál es el deber constitucional que tienen la Fuerza Armada en tareas de seguridad, cuando en realidad no es parte de su rol dentro del Estado”, explicó la especialista.

En cuanto a la edad de las víctimas, las personas entre 18 a 30 años siguen siendo las más afectadas con un 59%; en segundo lugar el rango etario de 31 a 41 años con el 24.1%.

En relación con el género, el 85.7% de las víctimas son hombres, un 13.1% son mujeres y también se reportan 53 víctimas de la población LGTBIQ+.

Según los datos de Cristosal, entre las personas que han sido capturadas de forma arbitraria se encuentran 245 que adolecen de enfermedades crónicas y 53 personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental.

Del total de denuncias por capturas arbitrarias, 231 personas detenidas tenían antecedentes penales, pero no necesariamente por delitos relacionados a estructuras criminales. “Hemos detectados casos de personas que su reporte de antecedentes penales por violencia intrafamiliar o por conducción temeraria, es decir, por haber conducido bajo los efectos del alcohol”, detalló Montti.

Otro de los datos preocupantes para los defensores de derechos humanos son los 184 casos recibidos en los que las personas han sido detenidas por acusaciones realizadas por llamadas anónimas, de acuerdo con la versión que ha dado la misma Policía a los familiares en el momento en el momento de la captura.

Montti explicó que la modalidad de las llamadas anónimas puede ser parte de la ruptura de los tejidos sociales dentro de las comunidades, lo que provoca temor y desconfianza y que incluso puede llevar a algún tipo de conflicto.

El estudio refleja que, a pesar del estado de excepcionalidad, en las comunidades se siguen presentando casos de desplazamiento forzado interno.

Cristosal ha atendido 330 personas en condición de desplazamiento forzado interno, de las cuales en el 63.7% de los casos fueron sometidas a amenazas de pandilla y un 15.5% por la PNC o militares, un 5.4% por personas particulares y otros hechos provocados por desconocidos.

En cuanto a la instalación de cercos comunitarios, anunciados por el gobierno, dentro de la quinta fase llamada “extracción” del plan control territorial, Montti explicó que poner ese tipo de cercos puede generar otro tipo de vulneración de derechos.

“Hemos identificado casos, incluso de niñas sufriendo acoso sexual, de mujeres y jóvenes golpeados o detenidos, en una especie de amenaza de algunos miembros de la Policía”, explico Montti.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cristosal-recibe-376-denuncias-mensuales-violacion-derechos-humanos/1020422/2022/