Seleccionar página

The Supreme Court of Justice and the Attorney General’s Office, institutions in charge of protecting legality or enforcing the law, are also violating human rights in the regime of exception, according to the former human rights prosecutor and head of transitional justice of Cristosal, David Morales.

Morales analyzed the violations of the right to due process committed by the Supreme Court of Justice in plenary and the position of the Attorney General in the context of the exception regime, which began on March 27 of this year and has been extended eight times.

«The Attorney General’s Office and the judicial body are carrying out a fiscal and judicial policy of violation of the due process, in all cases related to the application of the exception regime,» stated Morales during the presentation of the last report of that organization.

The former prosecutor explained that the Prosecutor’s Office presents the cases of the regime, mainly in the specialized courts against organized crime, without being based on severe or minimal investigations. 

«In most cases, the Prosecutor’s Office is presenting ambiguous, uncertain, contextual information from anonymous calls and police reports that have not been verified,» he said. 

According to Morales, this leads to not individualizing the alleged criminal conduct of each person, for which the Prosecutor’s Office requests provisional detention (sending to jail), with only that information, which many times does not constitute specific evidence or indications. 

Noah Bullok, executive director of Cristosal, explained during the forum «Is democracy an obstacle in the fight against gangs?» held on November 4 in Guatemala that one of the human rights violations is that those captured face collective trials. 

«We (Cristosal) have tried to defend ourselves in trials involving between 200 and 600 people accused of the same crime without being able to defend ourselves before faceless judges,» he said. According to Cristosal’s data, the hearing in which more people have been accused at the same time was carried out by the Specialized Court of Santa Ana, in which 552 people were indicted. The process was declared in total reserve.

On August 22, Attorney General Rodolfo Delgado posted on his Twitter account that 45,260 people captured during the emergency regime had been provisionally sent to prison. On August 7, he had said the number was 38,562, meaning that in 15 days, 6,708 people were sent to prison, an average of 447 every day.

«There is a deliberate complicity of the Attorney General’s Office and the Supreme Court of Justice, including the Constitutional Chamber, in tolerating these serious human rights violations, but also in promoting a fiscal and judicial policy of persecution to violate due process deliberately,» Morales said.

In September of this year, the Constitutional Chamber accused the Legal and Anti-Corruption Advisory Office of El Salvador (Alac) of not resolving habeas corpus presented by family members for alleged arbitrary detentions.

Between July 27 and August 28, corresponding to the fourth extension, the Constitutional Chamber received a total of 416 requests, of which it did not resolve any in the period observed.

In the third extension, from June 27 to July 27, the Chamber received, through its secretariat, 565 habeas corpus petitions, of which 563 were pending resolution at the end of that phase.

Meanwhile, in the second extension of the regime, the Chamber received 173 requests, in the first extension 197 and the initial regime 86, of which, up to July 27, it had yet to resolve any of those requests.

Since the beginning of the exception regime, the entire Supreme Court of Justice appointed at least 15 new judges specialized in organized crime, known as faceless judges, according to minutes published, with many months of delay, by the sections of the Full Court.

The faceless judges are judges whose identity cannot be known. It is unknown who they are nor what their appointment processes were.

«That is to say, we cannot know whom the people appointed as new judges are; we do not know if they have suitability and impartiality if they had the minimum requirements to exercise the judiciary,» explained Morales.

Héctor Carillo of Fespad had already denounced this situation during the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) hearing held in June, who pointed out that the exception regime and its extensions are configuring a system of total lack of protection.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/corte-suprema-fiscalia-violan-derechos-humanos-regimen-de-excepion/1017943/2022/

Corte Suprema y Fiscalía también violan derechos humanos en el régimen de excepción

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, instituciones encargadas de proteger la legalidad o hacer cumplir la ley, también están violando los derechos humanos en el régimen de excepción, a juicio del ex procurador de derechos humanos y jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales.

Morales hizo un análisis sobre las violaciones al derecho al debido proceso, cometidas desde la Corte Suprema de Justicia en pleno y desde la posición de el fiscal general, en el contexto del régimen de excepción, que inició el 27 de marzo de este año y se ha prorrogado en ocho ocasiones.

“La Fiscalía general y el órgano judicial están llevando adelante una política fiscal y judicial de violación al debido proceso, en todos los casos relacionados a la aplicación del régimen de excepción”, afirmó Morales durante la presentación del último informe de esa organización.

El exprocurador explicó que la Fiscalía está presentando los casos del régimen, mayoritariamente, en los juzgados especializados contra el crimen organizado, sin que estén fundamentados en investigaciones serias o mínimas. 

“En la generalidad de los casos, la Fiscalía está presentando información ambigua, incierta, de contexto, de llamadas anónimas y de informes policiales que no han sido verificados”, expuso. 

Según Morales, esto lleva a que no se individualicen la presunta conducta delictiva de cada persona, por la que la Fiscalía solicita la detención provisional (mandar a la cárcel), con tan solo esa información, que muchas veces no constituye, ni siquiera indicios o evidencia cierta. 

Noah Bullok , director ejecutivo de Cristosal, explicó durante el foro ¿Es la democracia un obstáculo en el combate a las pandillas?, realizado el cuatro de noviembre en Guatemala, que una de las violaciones de derechos humanos es que los capturados enfrentan juicios colectivos. 

“Nosotros (Cristosal), hemos tratado de ejercer la defensa en juicios que involucran entre 200 y 600 personas, acusadas por el mismo delito, sin poder ejercer la defensa ante jueces sin rostro”, expuso. Según datos de Cristosal la audiencia en la que más personas han sido acusadas a la misma vez fue realizada por el Juzgado especializado de Santa Ana, en la que se acusó a 552 personas. El proceso fue declarado en reserva total.

El 22 de agosto, el fiscal general Rodolfo Delgado publicó en su cuenta de Twitter que 45,260 personas capturadas durante el régimen de excepción habían sido enviadas a prisión provisionalmente. El 7 de agosto, había dicho que el número era de 38,562, lo cual significa que en 15 días fueron enviadas a prisión 6,708 personas, un promedio de 447 cada día.

“Hay una complicidad deliberada de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia incluyendo la Sala de lo Constitucional en tolerar estas graves violaciones a los derechos humanos, pero también en impulsar una política fiscal y judicial de persecución para violar deliberadamente el debido proceso”, aseguró Morales.

La Sala de lo Constitucional fue señalada en septiembre de este año por la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de no resolver los habeas corpus presentados por familiares por presuntas capturas arbitrarias.

Entre el 27 de julio y 28 de agosto, correspondiente a la cuarta prórroga, la Sala de lo Constitucional recibió un total de 416 solicitudes, de las cuales no resolvió ninguna en el periodo observado.

En la tercera prórroga, del 27 de junio al 27 de julio, la Sala recibió, a través de su secretaría, 565 peticiones de habeas corpus, de las cuales estaban pendientes de resolver 563, al final de esa fase.

En tanto, en la segunda prórroga del régimen, la Sala recibió 173 solicitudes, en la primera prórroga 197 y en el régimen inicial 86, de las cuales hasta el 27 de julio no había resuelto ninguna de esas solicitudes.

Desde que inició el régimen de excepción, la Corte Suprema de Justicia en pleno nombró al menos 15 nuevos jueces y juezas especializados en crimen organizado, los cuales se conocen como jueces sin rostro, según consta en actas publicadas, con muchos meses de retraso, de las secciones de la Corte Plena.

Los jueces sin rostro son juzgadores cuya identidad no puede conocerse. No se sabe quiénes son, ni cuáles fueron sus procesos de nombramiento.

“Es decir no podemos saber quiénes son las personas nombradas como nuevos jueces, no sabemos si tienen idoneidad e imparcialidad, si tenían los requisitos mínimos para ejercer la judicatura”, explicó Morales.

Esta situación ya había sido denunciada por Héctor Carillo de Fespad, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en junio, quien señaló que el régimen de excepción y sus prórrogas va configurando un sistema de desprotección total.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/corte-suprema-fiscalia-violan-derechos-humanos-regimen-de-excepion/1017943/2022/