The National Foundation for Development (FUNDE) and Acción Ciudadana (AC) presented the preliminary report on the evaluation that the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is currently carrying out on the Salvadoran state.
The document has been prepared by civil society and is about the report presented by the Salvadoran state on compliance with the Convention.
“Beyond the compliance with this convention, we want to reference the notorious setbacks in the fight against corruption in the country and the lack of compliance with international commitments such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC),” said Jessica Estrada, from Funde.
In addition, she said that the evaluation is taking place in a context where a lack of transparency and accountability abound and that there is no commitment to fight corruption.
“The performance of several institutions that are called to prevent and combat corruption and promote transparency, among them we can mention the Institute of Access to Public Information, the Government Ethics Tribunal, the Court of Accounts of the Republic, the Attorney General’s Office, among others, that the work they are doing is not contributing to fulfilling these anti-corruption foundations,” he said.
The United Nations Convention against Corruption establishes a periodic review of all signatory states to verify that they comply with the provisions on corruption. According to the organizations, El Salvador is in the process of reviewing its compliance with the articles of the UNCAC established in Chapter II, which is on preventive measures, and Chapter V, which is on asset recovery.
Among the setbacks identified by the organizations is the existence of dispersed laws for the prevention of corruption in the country, the lack of guarantees for the application and enforcement of the law and sanction of crime, as well as the lack of public policies oriented to the prevention of corruption and the recovery of assets.
Informe evidencia que estado salvadoreño retrocedió en combate a la corrupción y rendición de cuentas
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y Acción Ciudadana (AC) presentaron el informe preliminar sobre la evaluación que está realizando actualmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) al estado salvadoreño.
El documento se ha realizado desde la sociedad civil y es sobre el reporte que presenta el estado salvadoreño acerca del cumplimiento de la Convención.
“Más allá del cumplimiento de esa convención, queremos hacer referencia a los retrocesos notorios que hay en materia de combate de corrupción en el país y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)”, aseguró Jessica Estrada, de Funde.
Además, dijo que la evaluación se está dando en un contexto donde abunda la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas y que no hay compromiso para combatir la corrupción.
“Muestra de ello es el desempeño de varias instituciones que están llamadas a prevenir y combatir la corrupción y promover la transparencia, entre ellas podemos mencionar al Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, entre otras, que el trabajo que están realizando no están abonando para cumplir esos fundamentos anticorrupción”, aseveró.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece un examen periódico a todos los estados firmantes para verificar que cumplan con las disposiciones en materia de corrupción. Según las organizaciones, El Salvador está en proceso de revisión del cumplimiento de los artículos de la CNUCC establecidos en los Capítulo II, que es sobre medidas preventivas, y el Capítulo V, que es sobre recuperación de activos.
Entre los retrocesos identificados por las organizaciones están la existencia de leyes dispersas para la prevención de corrupción en el país, la falta de garantías para la aplicación y cumplimiento de la ley y sanción de la corrupción, así como la carencia de políticas públicas orientadas a la prevención de la corrupción y la recuperación de activos.