El Salvador’s Human Rights Ombudsman’s Office (PDDH) is investigating the possible “extrajudicial execution” of Adrián Efraín Solórzano Hernández, one of the 90 people who died in prisons that were captured under the Bukele government’s emergency regime. According to a report dated September 30, to which LA PRENSA GRÁFICA and Redacción Regional had access, the institution opened a file on the death of the former employee of the Supreme Electoral Tribunal arrested on April 18 and murdered, according to allegations by his relatives, at the beginning of July, when the regime was beginning its fourth month.
LA PRENSA GRÁFICA revealed the alleged murder of Solórzano in prison on July 6, when his family reported that he had died of “mechanical asphyxiation by strangulation” inside the La Esperanza prison (known as Mariona) in San Salvador. This conclusion was reached by the Institute of Legal Medicine in a forensic report delivered to the family, which is critical in the investigation opened by the PDDH.
“The facts described, preliminarily, allude to an affectation of the rights of persons deprived of liberty (PPL), specifically the right to life of Mr. Adrián Efraín Solórzano Hernández, by ‘extrajudicial execution,'” established the institution in the file SS-0211-2022. If proven, the Human Rights Ombudsman’s Office points out that the State would have violated different articles contemplated in the Salvadoran Constitution, the Universal Declaration of Human Rights, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, the American Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Penitentiary Law.
PDDH investiga “ejecución extrajudicial” de un detenido del régimen de excepción
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador investiga la posible “ejecución extrajudicial” de Adrián Efraín Solórzano Hernández, uno de los 90 fallecidos en centros penales que fueron capturados bajo el régimen de excepción del Gobierno Bukele. Según un informe fechado el 30 de septiembre pasado y al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA y Redacción Regional, la institución abrió un expediente por la muerte del exempleado del Tribunal Supremo Electoral detenido el 18 de abril y asesinado, según denuncias de sus familiares, a inicios de julio, cuando el régimen arrancaba su cuarto mes.
El presunto asesinato de Solórzano en prisión fue revelado por LA PRENSA GRÁFICA el 6 de julio, cuando su familia denunció que este había fallecido por “asfixia mecánica por estrangulación” al interior del centro penal La Esperanza (conocido como Mariona), en San Salvador. A esa conclusión llegó el Instituto de Medicina Legal, en un reporte forense entregado a la familia y que es clave en la investigación abierta por la PDDH.
“Los hechos descritos, preliminarmente, aluden a una afectación a los derechos de las personas privadas de libertad (PPL), específicamente al derecho a la vida del señor Adrián Efraín Solórzano Hernández, por ‘ejecución extrajudicial’”, estableció la institución en el expediente SS-0211-2022. De comprobarse, la Procuraduría señala que el Estado habría violado diferentes artículos contemplados en la Constitución salvadoreña, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley Penitenciaria.