The lack of data on victims of forced internal displacement is a constant in the few records in institutions and civil society organizations. In the case of the Human Rights Ombudsman’s Office (PDDH), for example, many of the complaints received do not include the age of the complainants.
The PDDH received substantially fewer complaints of forced displacement than those registered by the Police: 651 complaints between 2016 and 2020, accumulating 1,669 affected people compared to the more than four thousand cases known to the Police.
Rina Montti, from the Cristosal organization, and Johanna Ramirez, from SSPAS, explain that fear is the reason.
“Most internally displaced persons do not inform the State or civil society organizations. The cases that reach civil society are the cases of people who have no economic possibility of being able to move,” says Montti, director of human rights research at Cristosal.
The Attorney General’s Office (PGR) inaugurated the internal displacement unit in March 2020. The institution, which is dedicated to guaranteeing fundamental rights free of charge – through its criminal public defender units, its labor unit, or defense of gender and children’s rights – had until that year no area to attend to or refer such cases.
From the creation of the specialized unit until May 2021, that is, a little more than a year; the PGR attended to 1,149 cases of forced internal displacement. In 263 of these, it facilitated the relocation of people, and in 34 points, it obtained emergency exits from the country.
Montti and Ramírez make the caveat – at different times and without agreeing – that the people they denounce should be understood as a minimum sample of the reality. They are, barely, the desperate ones who have to resort to being seen by the police, hoping that it will be the last time their executioners know with certainty where they are.
According to police records, during those six years, the critical places of departure of the forcibly displaced were the municipalities of Soyapango, Ilopango, San Salvador, Colon, and San Miguel. The information is sufficiently granular to know in which specific colony, neighborhood, or canton there has been a significant exodus and to which age range the displaced belong. Most were between the ages of 25 and 32, the most productive young age, as characterized for this age range by the 2019 El Salvador Household and Multipurpose Survey (EHPM).
The hot spots that drive out the forcibly displaced are in areas well known for their frenetic repetition in news homicides, extortion, or police operations, such as the Altavista neighborhood, Nuevo Lourdes, and Valle del Sol. And a previously unknown statistic: the biggest expellers are members of the MS-13 gang.
Montti explains that, according to his experience in dealing with cases of forced internal displacement in Cristosal, “ninety or ninety-five percent” of the perpetrators are gang members, and the majority are MS-13 gang members.
The data seems to prove him right. Of 1,471 people arrested for the illegal restriction of free movement between 2016 and June 2021, 981 were identified by the Police as members of that gang, or almost two out of every three.
The digital newspaper El Faro revealed in August 2021 that Bukele’s government, like his two predecessors, negotiated with the gangs to reduce homicides in exchange for criminal benefits for their members.
The same newspaper published how breaking that pact found an outlet in a three-day massacre that left 88 homicides in March 2022. The government’s reaction was to issue a legislative decree imposing a regime of exception now in its seventh extension and has already led to more than 55 thousand arrests. Complaints of arbitrary arrests are already in the thousands.
Falta de datos: una constante en desplazamientos forzados
La falta de datos sobre las víctimas de desplazamiento forzado interno es una constante en los pocos registros que hay en instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), por ejemplo, buena parte de las denuncias recibidas no cuentan con la edad de los denunciantes.
La PDDH recibió sustancialmente menos denuncias por desplazamiento forzado que las registradas por la Policía: 651 denuncias entre 2016 y 2020, que acumulan 1,669 personas afectadas frente a los más de cuatro mil casos que conoció la Policía.
Rina Montti, de la organización Cristosal; y Johanna Ramírez, del SSPAS, explican que la razón es una y solo una: miedo.
“La mayor parte de personas desplazadas internas no informan ni al Estado, ni organizaciones de sociedad civil. Los casos que llegan a sociedad civil son los casos de las personas que no tienen ninguna posibilidad económica de poderse mover”, dice Montti, directora de investigación en Derechos Humanos en Cristosal.
La Procuraduría General de la República (PGR) inauguró en marzo de 2020 la unidad de desplazamiento interno. La institución, que se dedica a garantizar derechos básicos de forma gratuita -a través de sus unidades de defensoría pública penal, su unidad laboral, o defensa de los derechos de género y de infancia -no tenía hasta ese año ninguna área para atender o derivar esos casos.
Desde la creación de la unidad especializada hasta mayo de 2021, es decir, un poco más de un año, la PGR atendió 1,149 casos por desplazamiento forzado interno. En 263 de estos facilitó la reubicación de las personas y en 34 casos consiguió salidas de emergencia del país.
Montti y Ramírez hacen la salvedad – en momentos diferentes y sin ponerse de acuerdo -, que las personas que denuncian deben entenderse como una muestra mínima de la realidad. Son, apenas, los desesperados que tienen que recurrir a ser vistos junto a policías, bajo la esperanza que será la última vez que sus verdugos sepan con certeza dónde están.
Según los registros de la Policía, durante esos seis años, los lugares críticos de salida de los desplazados forzados son los municipios de Soyapango, Ilopango, San Salvador, Colón y San Miguel. La información tiene granularidad suficiente como para conocer en qué colonia, barrio o cantón específico ha habido un éxodo de consideración y a qué rango de edades pertenecen los desplazados. La mayoría tenía entre los 25 y 32 años, la edad joven más productiva, según caracteriza a este rango de edad la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de El Salvador (EHPM) de 2019.
Los puntos calientes que expulsan a los desplazados forzados se sitúan en zonas bien conocidas por su repetición frenética en noticias homicidios, extorsión u operativos policiales, como la colonia Altavista, Nuevo Lourdes y Valle del Sol. Y un dato desconocido estadísticamente hasta ahora: los mayores expulsores son los miembros de la pandilla MS-13.
Montti explica que, de acuerdo a su experiencia en la atención de casos por desplazamiento forzado interno en Cristosal, en el “noventa o noventa y cinco por ciento” los perpetradores señalados son miembros de pandillas y por mayoría, la pandilla MS-13.
Los datos parecen darle la razón. De 1,471 detenidos por el delito de limitación ilegal a la libre circulación, entre 2016 y junio de 2021, 981 fueron identificados por la Policía como miembros de esa pandilla, o sea casi dos de cada tres.
El periódico digital El Faro reveló en agosto de 2021 que el gobierno de Bukele, al igual que sus dos predecesores, negoció con las pandillas el descenso de homicidios a cambio de beneficios penales para sus miembros.
De hecho, el mismo periódico publicó cómo la ruptura de ese pacto encontró salida en una matanza de tres días que dejó 88 homicidios, en marzo de 2022. La reacción del gobierno fue dictar un decreto legislativo imponiendo un régimen de excepción que cuenta ya su séptima prórroga y lleva ya más de 55 mil arrestos. Las denuncias por capturas arbitrarias se cifran ya en miles.