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The Anti-Drug Division of the National Civil Police has profiled Vega as an important member of the San Cocos Locos Salvatruchos, an MS-13 clique that controls several cities in Sonsonate. Through informants, tracing of bank operations and real estate transactions, and testimony of a gang leader-turned-protected witness who was murdered in March, 2022, investigators concluded that Vega also supplied the gang with marijuana, crack, and cocaine and allowed them to invest in the motels with earnings from extortion and drug sales.

Delgado represented Vega since the day of his arrest in October, 2018, on charges of money laundering and association with terrorist organizations, according to three sources from the Attorney General’s Office who spoke with El Faro and InSight Crime on the condition of anonymity for fear of retaliation. «Rodolfo Delgado was always the defense attorney… he handled the case from the beginning,» said one of the sources.

Courtroom documents from the Specialized Trial Court of Santa Ana, the Specialized Chamber of Santa Tecla, and the Supreme Court of Justice confirm that Delgado worked for Vega for 28 months. When he took on the case, barely ten months had passed since he left a decades-long career at the Attorney General’s Office, where he worked as the head of the Organized Crime Unit from 2004 to 2014 and as advisor to Attorney General Douglas Meléndez until October, 2017.

Delgado won an acquittal for Vega in September, 2020, by the Specialized Trial Judge of Santa Ana, Carlos Rodolfo Linares Ascencio, but at the time the motels remained forfeited because the case against Argüello was still open. The couple recovered La Pirámide and La Estancia in October, 2021, after Nayib Bukele’s party, Nuevas Ideas, illegally instated Delgado as attorney general in May, 2021.

Two weeks after his installation, Delgado named Linares Ascencio, the judge who acquitted Vega, as assistant attorney general, his second in command. Delgado then dismantled the Special Investigation Commission, a group of prosecutors who between 2014 and 2018 investigated Vega and dozens of other gang members.

The Special Investigation Commission was created in 2014 with funding from the U.S. Embassy. The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) bought cars, computers, furniture, and air conditioners for the commission. Its first investigation was dubbed «Jaque,» an operation launched in August, 2015, to dismantle MS-13’s finances. Information was so abundant that Jaque led authorities to open a string of derivative operations, including «Pacific Harpoon,» the case that led to the arrest of Vega and Argüello between August 2018 and September 2019.

Five months after Delgado was appointed attorney general, the money laundering case against Argüello was temporarily closed, and in October, 2021, the Trial Court of Santa Ana unfroze the motels. Five months ago, in May, Argüello sold La Pirámide to a company managed by her husband.

El 19 de octubre de 2022, El Faro e InSight Crime llamaron al fiscal Delgado y le dejaron mensajes en una aplicación de mensajería electrónica para solicitarle una entrevista. Además, ese mismo día, se le envió un correo electrónico a la unidad de prensa de la Fiscalía con una serie de preguntas sobre la relación laboral que tuvo con Vega Knight. Al cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

On October 19, El Faro and InSight Crime called Delgado, left written messages in a digital messaging app requesting an interview, and wrote an email to the press contact of the Attorney General’s Office with a series of questions on the top prosecutor’s work for Vega. At publication time there was no response.

Calls to a phone number listed five months ago under Vega’s name in the Commercial Registry were also unsuccessful. The man that answered said he does not know Vega. «Several people have called me asking for the same person. Maybe he changed numbers,» the man said. Vega did not return calls or messages on social media sent to several of his businesses.

The full text is available in English…

El Faro: https://elfaro.net/en/202210/el_salvador/26451

El fiscal general trabajó 29 meses para uno de los principales colaboradores de la MS-13

El fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, uno de los funcionarios esenciales en la estrategia de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha llamado «guerra contra las pandillas», trabajó durante más de dos años como defensor de dos personas perfiladas por la institución como colaboradores de alto nivel de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13): Jorge Manuel Vega Knight y su esposa, Vanessa Beatriz Argüello de Vega, administrador y dueña de los moteles La Pirámide y La Estancia, que el grupo criminal utilizaba para transacciones de droga en Sonsonate, para reuniones de la clica y como refugio de pandilleros buscados por la Policía, según las investigaciones oficiales.

La División Antinarcóticos de la Policía perfiló a Vega Knight como un miembro importante de la clica San Cocos Locos Salvatrucha, una estructura de la MS-13 que opera en varios municipios de Sonsonate. El caso era sólido, según tres fiscales que trabajaron en la investigación. Por medio de informantes, rastreo de operaciones bancarias, negocios inmobiliarios y las declaraciones de un líder pandillero convertido en testigo criteriado y que fue asesinado a principios de 2022, los investigadores concluyeron que Vega Knight abastecía de marihuana, cristal y cocaína a la pandilla. Concluyeron también que el empresario era tan cercano a algunos líderes que incluso les permitió invertir parte de las ganancias de las extorsiones y la venta de drogas en los moteles.

Vega Knight fue capturado el 27 de octubre de 2018 y, desde la madrugada de aquel día, Delgado se presentó como su abogado defensor, confirman tres fuentes fiscales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Cuando Delgado comenzó a defender al señalado como colaborador de la MS-13, apenas habían pasado diez meses de su salida de la Fiscalía, institución en la que ocupó cargos importantes: jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado y asesor del despacho del fiscal general.

«El defensor siempre fue Rodolfo Delgado… se mostró parte desde las primeras diligencias», cuenta una de las fuentes.

El Faro e InSight Crime contrastaron los testimonios con documentos del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, la Cámara Especializada de lo Penal, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana y la Corte Suprema de Justicia, los cuales confirman que Delgado trabajó como abogado defensor de Vega Knight y Argüello de Vega en los siguientes 28 meses.

Junto con el abogado Juan Carlos Rodríguez Vásquez, Delgado logró que Vega Knight fuera absuelto por el juez especializado de Sentencia de Santa Ana, Carlos Rodolfo Linares Ascencio, según una sentencia notificada el 15 de febrero de 2021. El caso contra Argüello de Vega siguió abierto y los moteles inmovilizados, pese a múltiples peticiones que Delgado hizo durante más de dos años. La familia Vega recuperó La Pirámide y La Estancia hasta después de que Delgado fue impuesto como fiscal general.

La bancada de Nuevas Ideas, partido controlado plenamente por Bukele, impuso a Delgado como fiscal general el 2 de mayo de 2021. Durante el repentino proceso de nombramiento, ningún diputado cuestionó la relación laboral entre Delgado y un colaborador de la MS-13, tampoco sobre los pagos que recibió de la empresa ETESAL. Dos semanas después, el 17 de mayo, el fiscal nombró a Linares Ascencio, el juez que absolvió a Vega Knight, como nuevo fiscal adjunto, el segundo al mando de esa institución.

En los siguientes meses, Delgado desarticuló la Comisión Especial de Investigación, el grupo de fiscales que siguió la pista a Vega Knight y a otro centenar de pandilleros, entre 2014 y 2019. Los expedientes y algunos de los fiscales que integraban la Comisión fueron trasladados a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero; otros renunciaron, otros huyeron del país. Delgado también desarticuló el Grupo Antimafia que investigaba el caso Catedral, el mayor caso de corrupción que la institución construía contra el actual Gobierno, y que incluía las negociaciones con las tres pandillas, robo de alimentos durante la pandemia o uso electoral de programas gubernamentales. Algunos de esos exfiscales viven ahora en el exilio. 

La Comisión Especial de Investigación fue creada en 2014 con el apoyo económico de la Embajada de los Estados Unidos. Los recursos fueron utilizados para, entre otras cosas, financiar sus investigaciones encubiertas. «Tenían esa mala costumbre, que si la Policía compraba vehículos Mazda, la Fiscalía compraba Mazda. Eran carros que fácilmente identificaban los delincuentes en los seguimientos. Entonces, se trabajó con carros rentados y la Embajada nos apoyó», cuenta una de las fuentes fiscales. Además de rentar vehículos, el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), el ala del Departamento de Estado que se ocupa de cooperación en asuntos de seguridad, compró carros, computadoras, muebles y aires acondicionados para la desaparecida Comisión.

La primera investigación de la Comisión fue la Operación Jaque: un esfuerzo para desbaratar la estructura económica de la MS-13, en julio de 2016. La información era tan abundante que las autoridades armaron otras investigaciones derivadas de ese expediente, como la Operación Cuscatlán, la Operación Tecana y la Operación Arpón del Pacífico, el caso que llevó a la captura de la familia Vega, entre agosto de 2018 y septiembre de 2019.

Cinco meses después del nombramiento de Delgado como fiscal general, y tras desmantelar la Comisión Especial de Investigación, el expediente por lavado de dinero contra la esposa de Vega Knight fue cerrado provisionalmente. El cuatro de octubre de 2021, el Juzgado de Instrucción de Santa Ana cesó la inmovilización de los moteles. Entonces, tras el largo calvario judicial, Argüello de Vega vendió La Pirámide a una nueva empresa administrada por su esposo, Vega Knight.

El 19 de octubre de 2022, El Faro e InSight Crime llamaron al fiscal Delgado y le dejaron mensajes en una aplicación de mensajería electrónica para solicitarle una entrevista. Además, ese mismo día, se le envió un correo electrónico a la unidad de prensa de la Fiscalía con una serie de preguntas sobre la relación laboral que tuvo con Vega Knight. Al cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

El mismo 19 de octubre, el equipo a cargo de la investigación llamó a Vega Knight a un número de celular que consignó como el suyo en documentos ante el Registro de Comercio hace cinco meses. La persona que respondió la llamada dijo que desconocía a Vega Knight. «Varias personas me han llamado a este número, preguntándome por la misma persona. Quizás ha cambiado de número», dijo. Al empresario también se le intentó contactar por medio de los números telefónicos y redes sociales de algunas de sus empresas, pero no respondieron ninguna de las peticiones.

El Faro: https://elfaro.net/es/202210/el_salvador/26427/El-fiscal-general-trabajó-29-meses-para-uno-de-los-principales-colaboradores-de–la-MS-13.htm