The initiative of the Executive to create “judges of guarantees” to authorize the interventions expressly to telecommunications worries lawyers consulted by El Diario de Hoy because it lends itself to promoting the espionage of government critics and the population in general.
The proposal entered the Legislative Assembly this October 26 for its study.
Law professionals see in this proposal a risk of deepening human rights violations in the context of the permanent regime of exception that suspends constitutional guarantees and that a sort of “maquila” of judicial resolutions will be created in which the government’s interests will prevail. The above is aggravated, according to them, because the judicial career has been “prostituted” since the pro-government Assembly “co-opted” the Supreme Court and expelled magistrates and judges who are “uncomfortable” with it to impose other judges and magistrates who are similar to the government since May 2021.
According to the government’s proposal, the so-called “guarantee judges” will be permanently in the Wiretapping Center.
For the constitutional lawyer Jonathan Sisco, with the reform of creating guarantee judges, a vast power to tap telephony is left, which contravenes what the Constitution and the American Convention on Human Rights dictate, which applies to privacy rights, due process, and judicial guarantees.
With this, added to the proposal of the Executive that also the director of the Listening Center has the power to request the intervention, even though he is an administrative authority, the door is opened for it to be used for other purposes.
Preocupa a abogados que jueces a la medida del Gobierno avalen intervenciones telefónicas
La iniciativa del Ejecutivo de crear “jueces de garantías”, para autorizar de manera exprés las intervenciones a las telecomunicaciones, preocupa a abogados consultados por El Diario de Hoy, porque se presta para promover el espionaje a los críticos al gobierno y a la población en general.
La propuesta ingresó a la Asamblea Legislativa este 26 de octubre para su estudio.
Los profesionales del Derecho miran en esta propuesta un riesgo a que se profundicen las violaciones a derechos humanos en el contexto del permanente régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que se cree una especie de “maquila” de resoluciones judiciales en las que primará el interés del gobierno. Lo anterior se agrava, según exponen, porque la carrera judicial se ha “prostituido” desde que la Asamblea oficialista “cooptó” a la Corte Suprema y expulsó a magistrados y jueces que le son “incómodos” para imponer a otros afines al gobierno desde mayo de 2021.
Según la propuesta del gobierno, los llamados “jueces de garantías” estarán permanentemente en el Centro de Escuchas Telefónicas.
Para el abogado constitucionalista Jonathan Sisco, con la reforma de crear jueces de garantía se deja una facultad muy amplia para intervenir la telefonía que contraviene lo que dicta la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual se aplica a derechos de intimidad, al debido proceso y garantías judiciales.
Con esto, sumado a la propuesta del Ejecutivo de que también el director del Centro de Escuchas tenga la facultad de solicitar la intervención, pese a que es una autoridad administrativa, se abre la puerta para que se use para otros fines.