The current government fits piece by piece, a legal framework that, in the view of the political opposition and lawyers, has only one objective: to deepen the control of the Executive in all spheres of the State.
One of those chessboard pieces is the proposed telecommunications and wiretapping reforms.
Opposition deputies and lawyers claim that these reforms put citizens’ personal information at risk and violate the Constitution and international agreements signed by El Salvador to protect privacy and honor. In addition, they leave the way open for “political persecution” of voices critical of the government, according to opposition deputies and lawyers.
According to FMLN and VAMOS deputies, the government should prioritize the protection of personal data to have a strong counterweight against possible arbitrariness that may arise with the modifications to the Listening Law and the creation of “guarantee judges” that the Executive has asked its deputies to endorse.
According to the amendment proposed to the Organic Judicial Law, the “judges of guarantees” are officials who will be permanently available at the Wiretapping Center to authorize expressly the wiretapping requests requested by the Attorney General or, as the case may be, by the director of the Wiretapping Center, which is another of the reforms proposed by the Executive.
“Although some say that it is necessary to fight crime, which is not so, or say that he who owes nothing owes nothing fears nothing, the truth is that broad powers cannot be given to state institutions over the privacy rights and personal data of citizens without a serious and forceful counterweight.”
Claudia Ortiz, deputy of VAMOS
Gobierno promueve escuchas telefónicas pero no protección de datos personales
El actual gobierno va encajando pieza por pieza un entramado jurídico que, a la vista de la oposición política y de abogados, tiene un solo objetivo: profundizar el control del Ejecutivo en todas las esferas del Estado.
Una de esas partes del tablero de ajedrez son las propuestas de reformas a las telecomunicaciones y las escuchas telefónicas.
Los diputados de oposición y abogados aseguran que con ellas se pone en riesgo la información personal de los ciudadanos, se viola la Constitución y convenios internacionales firmados por El Salvador para proteger la intimidad y el honor. Y, además, dejan la vía libre para que haya “persecución política” a las voces críticas del gobierno, aseguran los diputados opositores y abogados.
Según diputadas del FMLN y de VAMOS, el gobierno debería priorizar la protección de los datos personales para tener un contrapeso fuerte ante posibles arbitrariedades que se originen con las modificaciones a la Ley de Escuchas y la creación de “jueces de garantías” que el Ejecutivo ha pedido a sus diputados avalar.
De acuerdo con la enmienda planteada a la Ley Orgánica Judicial, los “jueces de garantías” son funcionarios que estarán disponibles de forma permanente en el Centro de Escuchas Telefónicas, con el fin de autorizar de manera exprés las solicitudes de intervención telefónica que pida el Fiscal General o, en su caso, el director del Centro de Escuchas, que es otra de las reformas mocionadas por el Ejecutivo.
“Aunque algunos digan que es necesario para combatir el crimen, que no es así, o digan que el que nada debe nada teme, lo cierto es que no se le pueden dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS