The Legislative Assembly approved yesterday with 64 votes to reform the Telecommunications Law to oblige telephone operators to store data and a photograph of the customer’s Documento Único de Identidad (DUI). This will be available to the Attorney General’s Office (FGR).
“The obligations of all operators, according to the service they provide, are the following: to keep a reliable record of all users, including prepaid users, and to keep such information at the disposal of the competent authority in the investigation of crimes that may require it,” states the proposed amendment to Article 30 of the regulation.
Paragraph B of the said article establishes that these companies must adopt and apply procedures and technical solutions necessary to obtain and store DUI images containing the face of the user or whoever contracts telecommunications services.
Claudia Ortiz de Vamos said that “state institutions cannot be given broad powers over the privacy rights and personal data of citizens without a serious and forceful counterweight.”
In addition, the legislator said that we must not lose sight of the fact that there are severe and strong indications that the government of El Salvador could be behind the spying on journalists who uncovered the truce in previous governments.
Asamblea aprueba reformas que obligarán a telefónicas a crear base con datos de clientes
La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 64 votos reformar la Ley de Telecomunicaciones para obligar a los operadores de telefonía a almacenar datos y una fotografía del Documento Único de Identidad (DUI) del cliente. Esto estará a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Son obligaciones de todo Operador, de acuerdo con el servicio que preste, las siguientes: llevar un registro fidedigno de todos los usuarios, incluyendo los de prepago, debiendo mantener dicha información a disposición de la autoridad competente en la investigación de delitos que la requiera”, dice la propuesta de reforma al artículo 30 de la normativa.
El literal B de dicho artículo establece que es obligación de estas compañías adoptar y aplicar procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarias para obtener y almacenar las imágenes de los DUI que contengan el rostro del usuario o quien contrate servicios de telecomunicaciones.
Claudia Ortiz de Vamos dijo que “no se le puede dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”.
Además, la legisladora dijo que no se debe perder de vista que hay serios y fuertes indicios de que el gobierno de El Salvador podría estar detrás del espionaje a periodistas que destaparon la tregua en gobiernos anteriores.