The Salvadoran Government requested in the General Budget of the Nation 2023 $511.3 million for control of institutions such as the Supreme Court of Justice (CSJ), the Court of Accounts of the Republic (CCR), and the Human Rights Ombudsman’s Office (PDDH). The figure includes an increase of more than $51.5 million over budget in 2022.
This trend, however, is very recent: after his first year in power, the President of the Republic, Nayib Bukele, presented budgets that froze and even cut resources to these institutions, which are responsible for monitoring, overseeing, and counterbalancing the Executive, according to a report prepared by LA PRENSA GRÁFICA, using data from the Transparency Portal of the Ministry of Finance and previous budget projects.
The figures reveal that the control institutions will receive more funds in 2023 than two years ago when their heads had not yet been elected -or re-elected by the current Government.
Thus, the Supreme Court of Justice (CSJ) is expected to receive a budget exceeding $443.2 million next year, $49.7 million more than in 2022, and $101.8 million more than in 2021.
The figure is even higher if one considers the budget project presented by the Treasury, which projected only $290 million for the Judicial Branch, an institution that, amid the pandemic, declared the quarantine executive decrees unconstitutional.
After detecting this cut, it was the last Legislative Assembly, with a majority opposed Bukele, which modified the resources to the Court and gave it $341.4 million. This is explained by the former legislative advisor and economist Tatiana Marroquín.
“A trend can be observed with what the Government wanted to deliver to these control institutions at that time and what it will give them today, which are aligned,” she explained.
On May 1, 2021, the ruling party took control of the Legislative Assembly and dismissed the magistrates of the Constitutional Chamber of the Court.
In the following year’s budget, the Treasury allocated $51 million to the Judicial Branch. This is contrary to the $12.2 million cut it had proposed the previous year.
With the arrival of Nuevas Ideas and its allies to the Legislative Assembly, all the second-grade officials such as the president of the Government Ethics Tribunal (TEG), of the Court of Accounts of the Republic (CCR), the Attorney General of the Republic, and the head of the PDDH, elected since May 2021, have been favorable to the ruling party. At least, this is the opinion of opposition deputies, civil society organizations, and the international community.
And, as these changes to the institutions have been consummated, so have the resources. An example of this, according to Marroquín, is the budget of the Human Rights Ombudsman’s Office (PDDH), which, with the arrival of Raquel Caballero de Guevara, will receive a budget of $12.4 million. This is at least $112,929 more than in 2022 when the PDDH received $12.3 million.
The increase is higher, however, if one considers what the Government wanted to deliver to the Assembly in its 2021 bill. At that time, the Treasury proposed a cut of more than $400,000, which was reversed by the opposition through reinforcement of more than $4.8 million.
Gobierno reforzará instituciones de control en $51.5 millones
El Gobierno salvadoreño solicitó en el Presupuesto General de la Nación 2023 $511.3 millones para instituciones de control como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La cifra incluye un incremento que supera los $51.5 millones respecto a lo presupuestado en 2022.
Esta tendencia, sin embargo, es muy reciente: tras su primer año en el poder, el presidente de la República, Nayib Bukele, presentó presupuestos que congelaban y hasta recortaban los recursos a estas instituciones, encargadas de vigilar, fiscalizar y hacer un contrapeso al Ejecutivo, según revela un informe elaborado por LA PRENSA GRÁFICA, usando los datos del Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda y proyectos de presupuesto anteriores.
Las cifras revelan que las instituciones de control recibirán en 2023 más fondos que hace dos años, cuando sus titulares aún no habían sido electos -o reelectos-, por el actual Gobierno.
De esta manera, se prevé que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reciba un presupuesto que supera los $443.2 millones el próximo año, $49.7 millones más que este 2022, y $101.8 millones más que en 2021.
La cifra es aún mayor si se toma en cuenta el proyecto de presupuesto que presentó Hacienda, que proyectaba a penas $290 millones para el Órgano Judicial, institución que, en medio de la pandemia, declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos de cuarentena.
Tras detectar este recorte, fue la Asamblea Legislativa anterior, con mayoría opositora a Bukele, la que modificó los recursos a la Corte y le entregó $341.4 millones. Así lo explica la exasesora legislativa y economista Tatiana Marroquín.
“Puede observarse una tendencia con lo que realmente quería entregar el Gobierno a estas instituciones de control, en ese momento, y lo que les dará hoy, que están alineadas”, explicó.
El 1 de mayo de 2021, el oficialismo tomó control de la Asamblea Legislativa y, con ella, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte.
En el presupuesto del siguiente año, Hacienda asignó al órgano Judicial un aumento de $51 millones. Esto, contrario al recorte de $12.2 millones que había planteado el año anterior.
Con la llegada de Nuevas Ideas y sus aliados a la Asamblea Legislativa, todos los funcionarios de segundo grado como el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Fiscal General de la República, y el titular de la PDDH, electos desde mayo de 2021, han sido favorables al oficialismo. Al menos así lo consideran diputados de oposición, organismos de la sociedad civil y la comunidad internacional.
Y, a medida se han consumado estos cambios a las instituciones, así han llegado los recursos. Muestra de ello, según Marroquín, es el presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que, con la llegada de Raquel Caballero de Guevara, recibirá un presupuesto de $12.4 millones. Esto es al menos $112,929 más que en 2022, cuando la PDDH recibió $12.3 millones.
El incremento es mayor, sin embargo, si se toma en cuenta lo que el Gobierno quería entregar a la Asamblea en su proyecto de 2021. En ese entonces, Hacienda planteó un recorte de más de $400,000, que fue revertido por la oposición a través de un refuerzo de más de $4.8 millones.