Karla (not her real name), a 23-year-old trans woman and member of a feminist collective, was captured under the state of emergency in May, by a group of police and military, according to data documented by the Amate Association.
Her relatives reported in the complaint that Karla was mistreated and beaten at the time of her arrest, which was carried out without an arrest warrant, even though they claimed she had no criminal record.
At first, despite her sexual orientation, Karla was held in the Mariona prison, a penitentiary for men; she was then sent to the Santa Ana prison. However, since September, her family had not known her whereabouts because when they took her hygiene package, they were informed that she was no longer there, said Ester Flores, representative of the Amate Association.
Her family has gone from prison to prison, but so far, they have not been able to find out where she is being held, so they filed a complaint with the Amate Association, which lists her among the cases of missing persons in detention.
This is only one of the 4,071 denunciations of human rights violations committed by State agents during the emergency regime, which seven social organizations have counted.
According to the data collected, thousands of people have been victims of abuses by the authorities; among the most serious are arbitrary arrests, harassment, threats, injuries, and deaths.
The agents of the National Civil Police are identified as the main perpetrators of human rights violations, with 76.1%.
Denuncian 4,071 casos de abusos en estado de excepción
Karla (nombre ficticio), una mujer trans de 23 años e integrante de un colectivo feminista, fue capturada en el marco del régimen de excepción en mayo, por un grupo de policías y militares, según los datos documentados por la Asociación Amate.
Sus familiares relataron en la denuncia que Karla fue víctima de maltratos y golpes al momento de la detención, la cual fue realizada sin una orden de captura y pese a que, aseguran, no tenía antecedentes penales.
En un primer momento, a pesar de su orientación sexual, Karla fue recluida en el penal de Mariona, un centro penitenciario para hombres; luego fue enviada al penal de Santa Ana. Sin embargo, desde septiembre su familia no sabe de su paradero, debido a que cuando le llevaron el paquete de higiene les informaron que ella ya no estaba ahí, relató Ester Flores, representante de la Asociación Amate.
Su familia ha ido de penal en penal, pero hasta ahora no han logrado saber dónde se encuentra recluida por lo que presentaron la denuncia ante la Asociación Amate que la ubica en los casos de desaparecidos en detención.
Esta es solo una de las 4,071 denuncias de violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción, que contabilizan siete organizaciones sociales.
Según los datos recolectados, miles de personas han sido víctimas de abusos por parte de las autoridades, entre los más graves las capturas arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones y muertes.
Los agentes de la Policía Nacional Civil son señalados como los principales victimarios de las violaciones de derechos humanos con un porcentaje del 76.1%.