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Two-thirds of the Salvadoran population (66.4 %) disagree with the authorities carrying out arrests without a court order; In contrast, 70.3 % disagree with the authorities intercepting correspondence and communications of the entire population without a court order, according to the most recent survey of the University Institute of Public Opinion (Iudop) of the Central American University José Simeón Cañas (UCA).

According to the survey, although the regime of exception is a measure that enjoys popularity, the population rejects the violation of rights in the procedures. 

96% of the citizens stated that any person captured has the right to know the reason for their detention and access to a defense attorney during the process. 

Since the regime’s implementation in the country, hundreds of families have denounced that their relatives have not had a public attorney. In several cases, they have not been allowed a private defense attorney either. 

The violation of the presumption of innocence is another of the constitutional guarantees that respondents pointed out as a flaw. 92.7% said that any person detained whom the authorities do not prove a crime should be released immediately.  

Another relevant finding is that for half of the population (50%), the exception regime will not solve the gang problem once and for all in El Salvador, as the government has stated since it implemented the measure.

This is a warning that non-governmental organizations such as Cristosal have also maintained, questioning the lack of a policy that attacks the gang problem at its root.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Poblacion-salvadorena-percibe-incumplimiento-de-garantias-constitucionales-durante-regimen-de-excepcion-20221018-0092.html

Población salvadoreña percibe incumplimiento de garantías constitucionales durante régimen de excepción

Dos terceras partes de la población salvadoreña (66.4 %) están en desacuerdo con que las autoridades realicen capturas sin una orden judicial; mientras que el 70.3 % no está de acuerdo con que las autoridades intervengan correspondencia y comunicaciones de toda la población sin una orden judicial, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Según la encuesta, aunque el régimen de excepción es una medida que goza de popularidad, la población rechaza la vulneración de derechos en los procedimientos. 

El 96% de la ciudadanía expuso que cualquier persona que sea capturada tiene derecho a saber el motivo de su detención y tener acceso a un abogado defensor durante el proceso. 

Desde que se implementó el régimen en el país, cientos de familias han denunciado que sus familiares no han tenido un abogado público asignado y, en varios casos, tampoco se les ha permitido un defensor privado. 

La vulneración de la presunción de inocencia es otra de las garantías constitucionales que los encuestados señalaron como una falla. El 92.7% sostuvo que cualquier persona detenida a la que las autoridades no comprueben un delito, debe quedar libre de inmediato.  

Otro hallazgo relevante es que para la mitad de la población (50 %), el régimen de excepción no resolverá el problema de las pandillas de una vez por todas en El Salvador, como lo ha planteado el gobierno desde que implementó la medida.

Esta es una advertencia que también han sostenido organizaciones no gubernamentales como Cristosal, que cuestionan la falta de una política que ataque el problema de las pandillas desde la raíz.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Poblacion-salvadorena-percibe-incumplimiento-de-garantias-constitucionales-durante-regimen-de-excepcion-20221018-0092.html