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Jesús Joya and Pedro Castellón do not know each other, but they had had to share the same misfortune: fighting to find out where their brothers were until they learned that months before, they had died and were buried in a common grave, practically as strangers with no family to claim them.

The testimonies of Jesús and Pedro coincide in that State agents, in this case, custodians of the prison La Esperanza, known as Mariona, denied them information knowing that the brothers of Pedro and Jesús were no longer in that prison: one had left there dead, and the other had been admitted to a hospital in a severe condition.

Rafael López Castellón, 53 years old, a kidney and heart patient, was captured in mid-morning on April 8, in the Loma de La Cruz canton, municipality of Jucuapa, department of Usulután, by police from that same town who came to arrest him at his home, where he earned his living with a corn mill and a small store.

Of all Rafael’s brothers, Pedro was watching over him; Pedro was a peasant who did not know San Salvador—traveling to the Mariona prison represented for him a tremendous economic expense and a challenge not to get lost.

The first time he traveled to San Salvador was on May 6, after the Attorney General’s Office in Usulután finally informed him that on April 22, his brother had had his initial hearing and had been sent to the Mariona prison.

That May 6, she could not do much for her brother. That day he had to return without even approaching the prison to ask for Rafael because that was the day that the police, with the Order Maintenance Unit (UMO), evicted all the family members who were camping outside the prison in the hope of hearing from their relatives.

In the days that followed, Pedro learned that they were allowed to bring in packages of personal cleaning supplies and some food. On May 31, he returned to San Salvador and spent more than $100 on the package; this time, he talked to a guard, to whom he asked if his brother was there and how his health was.

The only answer was that he was there, that he was in sector two. Nothing more. The guard told him where to leave the package. Pedro saw that later he was thrown, together with many others, to a kind of garage.

That guard lied to Pedro, knowing that Rafael had been sent to the Zacamil hospital on May 27 and was no longer in prison. According to Pedro, his brother was already dying since, according to the Mejicanos Prosecutor’s Office, he died at 6:00 a.m. on June 1.

Pedro went three or four more times between June and July to the Mariona prison, where they constantly repeated that his brother was fine in Sector 2. Once again, he delivered a package for Rafael.

«We did what we could. We would have been satisfied if they had only told us that he had died or how he was, but they never told us. I had left a phone number for them to call me in case of any emergency,» says Pedro, a farmer.

After four months of detention, Pedro began to process the documents that the PGR’s lawyer had told him about: family and word roots and a criminal record check. He went to San Miguel to process the latter.

It was not until August 8 that he discovered his brother was dead. Pedro says that he paid for the solvency, but suddenly an employee called him to tell him that she was sorry, but they could not give him the document because his brother had died. That’s how it appeared in the system.

«If I had not noticed that, I would still be there (in the mass grave)… These are things that are happening, and that should not happen because, as a family and as Salvadorans, we are all human beings,» says Pedro.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-desaparecidos-crimenes-lesa-humanidad/1002791/2022/

Negar información sobre reos es desaparición forzada, advierten abogados

Jesús Joya y Pedro Castellón no se conocen pero les ha tocado compartir el mismo infortunio: luchar por saber dónde estaban sus hermanos hasta enterarse de que meses antes estos habían muerto y fueron sepultados en una fosa común, prácticamente como desconocidos sin familia que los reclamara.

Los testimonios de Jesús y Pedro coinciden en que agentes del Estado, en este caso, custodios del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, les negaron información a sabiendas de que los hermanos de Pedro y Jesús ya no se encontraban en esa cárcel: uno había salido muerto de allí y el otro había sido internado en un hospital en estado muy grave.

Rafael López Castellón, de 53 años, paciente renal y cardiaco, fue capturado a media mañana del 8 de abril, en el cantón Loma de La Cruz, municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, por policías de esa misma población que llegaron a arrestarlo a su vivienda, donde se ganaba la vida con un molino de maíz y una pequeña tienda.

De todos los hermanos de Rafael, fue Pedro quien estuvo pendiente de él; Pedro es un campesino que no conocía San Salvador. Viajar al penal de Mariona representaba para él un gran gasto económico y un reto para no extraviarse.

La primera vez que viajó a San Salvador fue el 6 de mayo, luego de que a finales de abril, en la Procuraduría General de la República, oficina de Usulután, por fin le informaran que el 22 de abril su hermano había tenido la audiencia inicial y que había sido enviado al penal de Mariona.

Aquel 6 de mayo no pudo hacer mucho por su hermano. Ese día se tuvo que regresar sin siquiera acercarse al penal a preguntar por Rafael, pues ese día fue que la policía, con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), desalojó a todos los familiares que acampaban en las afueras del penal con la esperanza de saber de sus parientes.

En los días posteriores, Pedro supo que ya permitían ingresarles los paquetes con artículos de limpieza personal y algunos alimentos. El 31 de mayo volvió a San Salvador, gastó más de 100 dólares en el paquete; esta vez sí logró hablar con un custodio, a quien le preguntó si allí estaba su hermano y cómo estaba él de salud.

La única respuesta fue que allí se encontraba, que estaba en el sector dos. Nada más. El custodio le indicó dónde dejar el paquete. Pedro vio que después lo lanzaron junto a muchos más, a una especie de garaje.

Aquel custodio le mintió a Pedro, a sabiendas de que Rafael había sido enviado al hospital Zacamil el 27 de mayo y ya no estaba en el penal. Para entonces, según Pedro, su hermano ya estaba agonizando, pues, según la Fiscalía de Mejicanos, murió a las 6:00 a.m. del 1 de junio.

Entre junio y julio, Pedro fue tres o cuatro veces más al penal de Mariona, donde siempre le repetían que su hermano estaba bien en el Sector 2. Una vez más entregó un paquete para Rafael.

“Hicimos lo que pudimos. Nos hubiéramos conformado si tan solo nos hubieran avisado que había muerto o cómo estaba, pero nunca nos avisaron. Yo había dejado un número de teléfono para que me avisaran por cualquier emergencia”, comenta Pedro, un campesino.

Al cumplir los cuatro meses de detención, Pedro comenzó a tramitar los documentos que el abogado de la PGR le había dicho: arraigos familiares, de trabajo y la solvencia de antecedentes penales. Fue a San Miguel a tramitar esta última.

Fue hasta el 8 de agosto que se enteró de que su hermano estaba muerto. Pedro cuenta que pagó por la solvencia pero de repente una empleada lo llamó para decirle que lo lamentaba pero que no le podían dar el documento porque su hermano había muerto. Así aparecía en el sistema.

“Si no me hubiera dado cuenta por eso, allá estuviera todavía (en la fosa común)… Son cosas que se están dando y que no se deberían dar porque como familia y salvadoreños somos humanos todos”, afirma Pedro.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-desaparecidos-crimenes-lesa-humanidad/1002791/2022/