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The penal reforms approved this Wednesday by the Legislative Assembly represent a 50-year setback in the inquisitorial structure (investigation with diligence) and the fundamental constitutional principles and guarantees that govern the penal process in El Salvador.

This was stated by three criminal lawyers consulted by El Diario de Hoy when analyzing the amendments to 25 articles of the Criminal Procedural Code (CPP) promoted by Nuevas Ideas to «improve the judicial system.»

«With these new reforms, we will guarantee that the judicial system will begin to function correctly,» justified the ruling party legislator, Giovanny Saldaña, in the plenary session.

However, experts in this matter see with concern these amendments of the ruling party since they would be violating the right of defense of the people divided into two parts: the technical defense that corresponds to the lawyer and the material defense that belongs to the accused.

«The accused may at any time offer evidence to prove his innocence; the problem is that within the reform, too many ambiguous terms are used that give the impression that it seeks to limit the access of people to exercise their material defense,» explained to this media the criminal lawyer, Otto Flores.

The modification already approved to article 81 of the CPP states that «the accused will have the right to intervene personally or through his defense counsel in all the procedural acts and hearings that imply the production and incorporation of evidence and to formulate, himself or through his defense counsel, the considerations that are considered pertinent.»

However, it states that «his intervention may be limited by the judicial authority, in compliance with the minor victim.»

Given this, the criminal lawyer, Marcela Galeas, pointed out in her Twitter account that «legalizing» the violation of the right to defense and technical representation in a criminal proceeding «is putting the noose around the neck of the Judicial Branch» because the reform materializes the destruction of the due process whose core is the equality of the parties and the right to defense.

After that, he exposed the occasions in which the right to defense of a procedural subject is violated. First, he mentioned the cases in which he is prevented from appearing at the trial or a decisive proceeding; also, when the person does not have enough time to prepare an adequate technical defense or if the accused cannot use the defense mechanisms.

Likewise, he stated that the referred right is materialized through specific actions of the accused himself: material defense and activities carried out by a legal technician.

To argue this, she cited Article 12 of the Constitution of El Salvador, Articles 6 and 10 of the Code of Criminal Procedure, and Article 8 of the American Convention on Human Rights.

The lawyer emphasized that the suppression of the «essential judicial guarantees» for due process affects in that «the role of the judge is reduced to sentencing, denaturalizing his activity and that of all the intervening parties and the person can be condemned without receiving assistance.»

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/codigo-penal-reformas-retroceso-de-mas-50-anos/1000599/2022/

Reformas penales implican un retroceso de más de 50 años, afirman abogados

Las reformas penales aprobadas este miércoles por la Asamblea Legislativa representan un retroceso de 50 años en la estructura inquisitiva (investigación con diligencia), así como en los principios y garantías constitucionales fundamentales que gobiernan el proceso penal en El Salvador.

Así lo señalaron tres abogados penalistas consultados por El Diario de Hoy al analizar las enmiendas a 25 artículos del Código Procesal Penal (CPP) impulsada por Nuevas Ideas con el fin de “mejorar el sistema judicial”.

“Con estas nuevas reformas garantizaremos que el sistema judicial comience a funcionar correctamente», justificó el legislador oficialista, Giovanny Saldaña en el pleno.

Sin embargo, expertos en esta materia ven con preocupación estas enmiendas del oficialismo ya que estarían violentando el derecho de defensa de las personas que se divide en dos partes, una es la defensa técnica que corresponde al abogado y la defensa material que pertenece al imputado.

“El imputado puede en cualquier momento ofrecer elementos de prueba para probar su inocencia, el problema es que dentro de la reforma se utilizan términos demasiados ambiguos que da en entender que se busca limitar el acceso de las personas para poder ejercer su defensa material”, explicó a este medio el abogado penalista, Otto Flores.

De hecho, la modificación ya aprobada al artículo 81 del CPP dice que “el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente o por medio de su defensor en todos los actos procesales y audiencias que impliquen la producción e incorporación de elementos de prueba y a formular él o por medio de su defensor, las consideraciones que se consideren pertinentes”.

No obstante, luego plantea que “su intervención personal podrá ser limitada por la autoridad judicial, en cumplimiento de la víctima menor de edad”.

Ante esto, la abogada penalista, Marcela Galeas, señaló en su cuenta de Twitter que «legalizar» la violación al derecho de defensa y representación técnica en un proceso penal “es ponerle la soga al cuello al Órgano Judicial” debido a que se materializa en la reforma la destrucción del debido proceso cuyo núcleo es la igualdad de entre partes y el derecho de defensa.

Seguido de eso expuso las ocasiones en que se viola el derecho a la defensa de un sujeto procesal. Primero mencionó los casos en los que se le impide comparecer al proceso o a una diligencia determinante; también cuando la persona no cuenta con el tiempo suficiente para preparar una defensa técnica adecuada o si el imputado no puede hacer uso de los mecanismos de defensa.

De igual manera manifestó que el referido derecho se concretiza a través de actuaciones específicas del propio imputado: defensa material y por medio de actuaciones a cargo de un técnico del derecho.

Para argumentar esto citó el artículo 12 de la Constitución de El Salvador, el artículo 6 y 10 del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La abogada subrayó que la supresión de las “garantías judiciales esenciales” para el debido proceso afectan en que “se reduce el papel del juez a sentenciar, desnaturalizado su actividad y la de todas las partes intervinientes y la persona puede ser condenada sin recibir asistencia”.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/codigo-penal-reformas-retroceso-de-mas-50-anos/1000599/2022/