Nayib Bukele’s regime did not begin on Sunday, March 27. It started a day earlier, at 7:40 a.m. on Saturday, March 26, when the director of the National Civil Police ordered the chiefs and deputy chiefs of the country’s 21 police stations to carry out mass arrests to persecute a single gang, their relatives and acquaintances. “The objective is to go after the Mara Salvatrucha,” said Commissioner Mauricio Arriaza Chicas in a meeting room of the Command of Military Doctrine and Education (CODEM), a compound of the Joint Chiefs of Staff of the Armed Forces located some 700 meters from the Presidential House, on the outskirts of San Salvador. At his side was the Minister of Defense, Rene Merino Monroy, who agreed and nodded to him. For those who received the first directives from the regime, it was clear that they were “outside the law and the Constitution.”
The meeting had been called urgently hours after the end of a meeting in the Presidential House with the Salvadoran president, who was alerted by three o’clock in the morning. Bukele had spent the week in a bitcoin bubble with the Mexican businessman Ricardo Salinas Pliego and the CEO of Binance, Changpeng Zhao. Still, the 14 homicides he closed Friday 25 brought him back to reality. That is why he summoned the “security cabinet” in the early morning hours, according to the official networks, including Rodolfo Delgado, the Republic’s Attorney General.
Also participating in this other meeting were Osiris Luna, the vice minister of justice and director of penal centers accused of negotiating with gangs; the minister of justice and public security, Gustavo Villatoro; Arriaza Chicas and Merino Monroy.
At 3:00 a.m., the wave of violence continued, and there were already five confirmed homicides.
Four and a half hours after the meeting at the Presidential House, Arriaza Chicas and Merino Monroy met again 700 meters down the street at the CODEM hall, located on Manuel Enrique Araujo Avenue. There they received the country’s police chiefs and deputy chiefs. Minister Villatoro also attended, according to sources, but arrived late. Three police officers and three unrelated military sources confirm this meeting. Upon arrival, the police officers were prohibited from bringing cell phones and weapons. “It was said that the president ordered the meeting to take place,” says one of the participants.
When the meeting began, 12 of the 62 Salvadorans killed on the most violent day of the 20th century had already fallen in the country.
In the war room that CODEM became, the priorities were clear.
Officials claimed they had intelligence confirming the hand of MS-13 in the wave of violence. When some officials asked why only the MS would be targeted and what would happen to the two factions of Barrio 18, Arriaza Chicas insisted that “the MS gang members were the target.”
“But it was a very general raid that was ordered. They told us to go from that same day to capture all the MS gang members. They told us: you have to bring in the heads of the gang; you have to touch the gang’s finances. The order was to surround them, their relatives, their acquaintances,” said an officer who participated in the meeting.
The Constitution orders the Attorney General’s Office to direct the investigation of the crime, with the support of the police, through due process. On Saturday 26th, the Executive ordered its security forces to break that constitutional order.
Police chiefs were told they would not have to “worry about the Prosecutor’s Office.” According to sources, the instruction, which was later passed on to all active police officers in the country, was that “the Attorney General’s Office is going to receive the MS gang members we send them. Without much proof.
“There was no officer or anyone in that room who did not know that they were asking us to go against the laws, but the order was that: go and hunt them,” says one of the sources.
Arriaza Chicas asked them to inform their delegations that the police officers who did not participate in the arrests would be sanctioned. “And that it would be taken as a crime of omission the refusal of the policemen who refuse to process in the police headquarters those whom the soldiers have detained for a criminal act,” says one of the sources.
“Captúrenlos a todos”: la verdadera historia del régimen de Bukele
El régimen de Nayib Bukele no inició el domingo 27 de marzo. Arrancó un día antes, a las 7:40 de la mañana del sábado 26, cuando el director de la Policía Nacional Civil ordenó a jefes y subjefes de las 21 delegaciones policiales del país realizar capturas masivas para perseguir a una sola pandilla, a sus familiares y conocidos. “El objetivo es ir por la Mara Salvatrucha”, dijo el comisionado Mauricio Arriaza Chicas en un salón de reuniones del Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), un recinto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada ubicado a unos 700 metros de la Casa Presidencial, en las afueras de San Salvador. A su lado estaba el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que lo acuerpaba y asentía. Para quienes recibieron las primeras directrices del régimen, era claro que estaban “fuera de la ley y de la Constitución”.
La reunión había sido convocada de urgencia, horas después de que culminara un encuentro en Casa Presidencial protagonizado por el presidente salvadoreño, que para las tres de la mañana estaba alarmado. Bukele se había pasado la semana en una burbuja bitcóin junto con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, pero los 14 homicidios con los que cerró el viernes 25 lo devolvieron a la realidad. Por eso convocó de madrugada al “gabinete de seguridad”, según las redes oficialistas, incluido Rodolfo Delgado, el fiscal general de la República.
En ese otro encuentro también participó Osiris Luna, el viceministro de Justicia y director de Centros Penales señalado por negociar con pandillas; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; Arriaza Chicas y Merino Monroy.
A las 3 de la madrugada, la ola de violencia continuaba y ya iban cinco homicidios confirmados.
Cuatro horas y media después de la reunión en Casa Presidencial, Arriaza Chicas y Merino Monroy se reencontraron 700 metros calle abajo en el salón del CODEM, ubicado sobre la avenida Manuel Enrique Araujo. Ahí recibieron a los jefes y subjefes policiales del país. El ministro Villatoro también acudió, aseguran las fuentes, pero llegó tarde. Tres oficiales de la Policía y tres fuentes militares no relacionadas confirman dicho encuentro. Al llegar, a los policías se les prohibió ingresar celulares y armas. “Se dijo que el presidente ordenó que se hiciera la reunión”, dice uno de los participantes.
Cuando esta arrancó, en el país ya habían caído 12 de los 62 salvadoreños asesinados en el día más violento del siglo XX.
En el cuarto de guerra en el que se convirtió el CODEM, las prioridades estaban claras.
Los funcionarios aseguraron que tenían información de inteligencia que confirmaba la mano de la MS-13 en la ola de violencia. Cuando algunos oficiales preguntaron por qué solo a la MS, que qué pasaría con las dos facciones del Barrio 18, Arriaza Chicas insistió en que “los pandilleros de la MS eran el objetivo”.
“Pero era un atarrayazo bien general el que se ordenó. Nos dijeron que fuéramos desde ese mismo día a capturar a todos los pandilleros de la MS que estuvieran ubicados. Nos decían: hay que traer las cabezas de la pandilla; hay que tocar las finanzas de la pandilla. La orden fue cercarlos, cercar a sus familiares, sus conocidos”, dice un oficial que participó de la reunión.
La Constitución ordena a la Fiscalía dirigir la investigación del delito, con apoyo de la Policía, mediante un debido proceso. Aquel sábado 26, el Ejecutivo ordenó a sus cuerpos de seguridad romper con ese orden constitucional.
A los jefes policiales se les dijo que no tendrían que “preocuparse de la Fiscalía”. Según las fuentes, la indicación que luego fue trasladada a todos los policías en activo del país, era que “la Fiscalía nos va a recibir a los pandilleros de la MS que les remitamos. Sin mucha prueba”.
“No había oficial ni nadie en ese salón que no supiera que nos estaban pidiendo ir en contra de las leyes, pero la orden fue esa: ir a topar”, dice una de las fuentes.
Arriaza Chicas pidió que informaran en sus delegaciones que los policías que no participaran de las capturas serían sancionados. “Y que sería tomado como un delito de omisión la negativa de los policías que se nieguen a procesar en las sedes policiales a aquellos a los que los soldados han detenido por un hecho delictivo”, dice una de las fuentes.