El Salvador’s gangs have done nothing but inflict misery on the population. For 30 years, people have lived in fear of extortion, kidnapping, rape, or murder at the hands of members of MS-13 or Barrio 18, rival groups founded in Los Angeles that were later exported to El Salvador through mass deportations.
It is not surprising, therefore, that President Nayib Bukele’s so-called “war on gangs” has proved so popular. Authorities have jailed over 50,000 suspected gang members since he declared emergency rule in response to a spate of homicides in late March. The murder rate has fallen dramatically, although official figures do not include deaths at the hands of security forces. There are reports of discrepancies over the number of bodies recovered from mass graves.
But public security should not be achieved at the cost of massive human rights violations. Amnesty International has documented that the authorities have dismantled judicial independence, committed torture, and carried out thousands of arbitrary detentions and violations of due process. Meanwhile, at least 69 detainees have died in state custody.
Aniquilar los derechos humanos no es la respuesta al problema de las pandillas en El Salvador
Las pandillas de El Salvador no han hecho más que infligir miseria a la población. Desde hace 30 años, la gente vive con miedo a sufrir extorsiones, secuestros, violaciones o asesinatos a manos de miembros de MS-13 o Barrio 18, grupos rivales fundados en Los Ángeles que más tarde se exportaron a El Salvador a través de deportaciones masivas.
No es sorprendente, por tanto, que la llamada “guerra contra las pandillas” del presidente Nayib Bukele haya resultado tan popular. Las autoridades han encarcelado a más de 50.000 presuntos pandilleros desde que declaró el régimen de excepción para responder a una oleada de homicidios a finales de marzo. La tasa de asesinatos ha disminuido drásticamente, aunque las cifras oficiales no incluyen muertes a manos de las fuerzas de seguridad y hay reportes de discrepancias sobre el número de cadáveres recuperados de fosas comunes.
Pero la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Tal como ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. Mientras tanto, al menos 69 personas detenidas han muerto bajo custodia del Estado.