He was human rights prosecutor and is now a lawyer for victims of war crimes and a member of Cristosal, one of the organizations that have best documented the abuses attributed to Nayib Bukele’s officials in the framework of the emergency regime that has annulled constitutional guarantees of free defense and due process for thousands of Salvadorans. David Morales asserts that the atrocities committed by police, prosecutors, and correctional officers during the Bukele administration are unprecedented since El Salvador signed the Peace Accords that ended its internal conflict in 1992.
Today, he says, these abuses are part of a “state policy” to violate the human rights of the poorest sectors of the country. He agrees that there is an actual drop in homicide figures but establishes nuances: the decrease, he assures, began in 2016, before Bukele was president, and, during his administration, that drop is under suspicion of being the product of illicit negotiations with gang leaders and of being manipulated by official statistics that have lost credibility.
“Now, a whole legal structure has been set up. Ad-hoc judges have been appointed to apply the regime of exception; it is impossible to determine if these judges are independent and have professional qualities. And we have a prosecutor’s office that is also not acting with the objectivity and impartiality that the law requires, that is, filing requests for provisional detention without solid evidence. This is an even more serious scenario of widespread human rights violations, and it is not only about police abuses, officers, or agents in the field. It is about fundamental legal reform, a deliberate strategy of committing arbitrary detentions and eliminating due process, with a Supreme Court of Justice that is complicit in creating courts and appointing judges willing to trample the Constitution and the law to sustain this regime. I insist it is a sustained high-level policy, concerted by those who lead the absolute powers of the State. All this implies very great destruction of the democratic construction that El Salvador has had until today. We see the consequence in thousands of human rights violations.”
David Morales: “El gobierno de Bukele reprime pero no desmantela los liderazgos de las pandillas”
Fue procurador de derechos humanos y ahora es abogado de víctimas de crímenes de guerra y miembro de Cristosal, una de las organizaciones que mejor ha documentado los abusos atribuidos a los funcionarios de Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción que ha anulado garantías constitucionales de libre defensa y debido proceso a miles de salvadoreños. David Morales asegura que las atrocidades cometidas por policías, fiscales y guardias penitenciarios durante el gobierno de Bukele no tienen precedentes desde que El Salvador firmó los Acuerdos de Paz que pusieron fin a su conflicto interno en 1992.
Hoy, dice, estos abusos son parte de una “política de Estado” para violar los derechos humanos de los sectores más pobres del país. Concuerda en que hay una baja real en las cifras de homicidios, pero establece matices: la disminución, asegura, empezó en 2016, antes de que Bukele fuera presidente y, durante su gestión, esa baja está bajo las sospechas de ser producto de negociaciones ilícitas con líderes pandilleros y de estar manipulada por estadísticas oficiales que han perdido credibilidad.
“Ahora se ha montado toda una estructura legal. Se han nombrados jueces ad-hoc para aplicar el régimen de excepción; no es posible determinar si estos jueces son independientes, su calidad profesional. Y tenemos una fiscalía que tampoco está actuando con la objetividad e imparcialidad que la ley exige, que está presentando solicitudes de detención provisional sin evidencias sólidas. Este es un escenario todavía más grave de violaciones generalizadas a los derechos humanos, y no solo se trata de abusos policiales, de oficiales o de agentes en el terreno. Se trata de toda una reforma legal, de una estrategia deliberada de cometer detenciones arbitrarias y eliminar el debido proceso, con una Corte Suprema de Justicia que es cómplice para crear tribunales y nombrar jueces que están dispuestos a atropellar la Constitución y la ley para sostener este régimen. Insisto, es una política sostenida de alto nivel, concertada por quienes dirigen los poderes fundamentales del Estado. Todo esto supone una destrucción muy grande de la construcción democrática que El Salvador había tenido hasta hoy. La consecuencia la estamos viendo en miles de violaciones a los derechos humanos.”