Documents from the Attorney General’s Office (FGR) obtained by El Faro confirm that Bendeck and several government officials were the subjects of a criminal investigation. A former prosecutor who worked the case and spoke to El Faro on condition of anonymity called Bendeck “a key player” in a sweeping corruption network that received preferential treatment and inflated or falsified contracts amid the government’s pandemic response. Following the illegal removal of Attorney General Raúl Melara on May 1, 2021, ruling party Nuevas Ideas illegally instated Rodolfo Delgado in his place. The new attorney general then dissolved the team of prosecutors in charge of the case and closed the investigation.
The ministry was responsible for executing the government’s Emergency Health Program (PES), aimed at delivering millions of food relief bundles to families across the country during the first months of the Covid-19 emergency. The PES was the Bukele administration’s flagship relief program and played a major role in the resounding success of the president’s party in the country’s 2021 mayoral and congressional elections. The program received $236 million in government allocations and awarded direct contracts to 55 suppliers between March 23 and July 10, 2020. The FGR had already discovered other alleged acts of corruption linked to the PES as part of Operation Cathedral.
Cathedral investigations began in November 2019. Melara assigned the casework to a prosecutors’ unit he created known as the Special Anti-Mafia Group (GEA), designed to investigate the Bukele administration’s secret negotiations with gangs and other high-stakes corruption cases. In wiretaps and other surveillance conducted as part of Operation Cathedral, for example, the FGR found evidence that Bukele’s Vice Minister of Justice and Bureau of Prisons director, Osiris Luna, had stolen and sold $1.6 million in PES food relief bundles intended for Salvadoran families in need. In December the U.S. Treasury blacklisted Luna and his mother for their alleged roles in the scheme.
Operation Cathedral exposed a complex network of corruption that, according to investigators, responded to Bukele’s three brothers Karim, Ibrajim, and Yusef. They asserted that the scheme also involved his cousin and head of Nuevas Ideas, Xavier Zablah; his chief of cabinet Carolina Recinos; a group of Venezuelan advisors; and several other government officials. Ex-prosecutor Germán Arriaza, who led the GEA until it was dissolved, told Reuters that before his exile he presented the investigation’s findings to Delgado.
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Principal contratista de alimentos del Gobierno era investigado en el caso Catedral
Munir Miguel Bendeck Miguel, empresario con un paso fugaz en el FMLN, es accionista de Negocios y Servicios Bursátiles (NSB), la empresa salvadoreña que más canastas de alimentos vendió al Gobierno de Nayib Bukele. Según documentos de compra en poder de El Faro, la sociedad de Bendeck ganó $22.7 millones en contratos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag) en 2020, el primer año de la pandemia. Otros documentos de la Fiscalía General de República de ese momento y un exfiscal responsable de la investigación Catedral apuntan a que la selección de esta empresa se realizó a dedo por personal del Mag, y a que esos empleados públicos acoplaron los requerimientos de compra a la medida de NSB, y negociaron la adquisición de las canastas con sobreprecios. Por eso, la administración fiscal anterior tenía un proceso abierto en el que investigaba a varios funcionarios y empleados públicos y a Bendeck. El caso se interrumpió cuando el fiscal impuesto por el bukelismo, Rodolfo Delgado, llegó al poder y canceló el Grupo Especial Antimafia y por ende la investigación.
El Mag ejecutó los recursos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), programa estrella del Gobierno, que influyó en el éxito de Nuevas Ideas en las elecciones de alcaldes y diputados de 2021. El PES recibió una asignación de $236 millones, a través de la adjudicación de contratos directos a 55 contratistas, empresas y personas naturales, entre el 23 de marzo y el 10 de julio de 2020. Al menos hasta 2020, Munir Bendeck y su madre Gracia Miguel eran los únicos accionistas de la empresa, según información recabada por la Fiscalía; y, cuando la empresa fue constituida en 2013, Bendeck tenía el 90% de las acciones, y su madre el 10% restante, según la escritura de constitución de NSB.
La investigación Catedral inició durante la administración del exfiscal Raúl Melara y era coordinada por el exfiscal Germán Arriaza, quien creó en noviembre de 2019 el Grupo Especial Antimafia (GEA) para investigar negociaciones de políticos del actual Gobierno con pandillas. Tras la publicación de agosto de 2021 en El Faro, que reveló esos vínculos, ese grupo comenzó a recoger pruebas de las negociaciones con las tres pandillas. Luego de una serie de escuchas telefónicas y seguimientos, la Fiscalía descubrió otros ilícitos, como el robo y venta de sacos de alimentos por parte del director de Centros Penales, Osiris Luna.
El equipo del exfiscal Arriaza identificó un organigrama de control gubernamental, en cuya cúpula, a la que llamaron ‘Centro de poder’, incluyeron a Karim Bukele, Ibrajim Bukele y Yusef Bukele (hermanos del presidente que no ostentan ningún cargo oficial); también a su primo, el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah; al tío y secretario de Comercio, Miguel Kattán; a la coordinadora de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos; a un grupo de asesores venezolanos liderado por Sara Hanna, y a varios funcionarios del Ejecutivo. Según una presentación de la investigación Catedral, algunos funcionarios y asesores habían sido intervenidos telefónicamente por la Fiscalía, algo que este medio pudo confirmar al acceder a otra presentación del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía (CITE). En esa amplia investigación se enmarcaba también el seguimiento a la empresa proveedora de paquetes de alimentos. El 1 de mayo de 2021, cuando asumió la Asamblea con mayoría oficialista, destituyeron al fiscal general y nombraron en su lugar a Rodolfo Delgado, quien como una de sus primeras medidas desmanteló al GEA. En declaraciones a Reuters, el exfiscal Arriaza dijo que antes de exiliarse presentó los hallazgos al actual fiscal.
El Faro: https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26334?s=08