When Marcos’s mother saw him in an El Salvador courtroom, after several days without news of him since police officers took him from the family home, she noticed that her 14-year-old son was coughing up blood. The woman was consoled that day by the fact that a judge found no merit for the young man’s continued detention.
Marcos is one of the 2,077 people whose arrests have been denounced as arbitrary detentions by the Human Rights Institute of the Central American University (IDHUCA) in the framework of the emergency regime in which El Salvador has been living since last March. This week, the Legislative Assembly, controlled by President Nayib Bukele, decreed the fifth extension of this regime, which limits the constitutional liberties of Salvadorans.
Since March, 45,000 and 50,000 people have been detained on accusations of belonging to or collaborating with the MS13 and Barrio 18 gangs. However, it is impossible to independently verify the exact figure because the government has closed all access to public information through administrative measures and legal reforms.
According to a report published by the University Observatory of Human Rights last July, on the 100th day of the emergency regime, 251 detainees have denounced beatings and cruel and inhumane treatment that the United Nations (UN) understands as torture. Marcos is one of those cases.
Los testimonios de las crueles torturas en la cárceles de Nayib Bukele en El Salvador
Cuando la madre de Marcos* lo vio en un tribunal de El Salvador, después de varios días sin tener noticias de él desde que agentes de la policía se lo llevaron de la casa familiar, se dio cuenta que su hijo, de 14 años, tosía sangre. A la mujer le quedó el consuelo, aquel día, de que un juez no encontró méritos para que el joven siguiera detenido.
Marcos es una de las 2,077 personas cuyas capturas han sido denunciadas como detenciones arbitrarias por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) en el marco del régimen de excepción en que vive El Salvador desde marzo pasado. Esta semana, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, decretó una quinta prórroga de este régimen, que limita libertades constitucionales de los salvadoreños.
Desde marzo, entre 45,000 y 50,000 personas han sido detenidas bajo acusaciones de pertenecer o colaborar con las pandillas MS13 y Barrio 18, aunque es imposible verificar de forma independiente la cifra exacta debido a que el gobierno ha cerrado todos los accesos a la información pública a través de medidas administrativas y reformas legales.
De acuerdo con un reporte que el Observatorio Universitario de Derechos Humanos publicó en julio pasado, a propósito de los 100 días del régimen de excepción, 251 detenidos han denunciado golpizas y a tratos crueles e inhumanos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) entiende como tortura. El de Marcos es uno de esos casos.