Six United Nations offices dedicated to monitoring respect for human rights signed a joint letter. They asked the Salvadoran State for explanations for information that came into their hands and that, they said, reflects patterns of human rights violations committed during the Emergency Regime, in force since March 27. The State responded with a 31-page report that is far from the scenario that various journalistic publications and civil organizations have presented about arbitrary arrests and other violations during the Regime, which on Monday, August 16, was extended, for the fifth time, for another month. This measure has left about 50,000 people in detention. According to judicial records, some of them were arrested only because they seemed nervous, according to some police or military officer. The Cristosal organization, with information from relatives and press publications, has reported the deaths in prisons of 63 people captured during the Regime. Some of the bodies had scars and blows.
The six offices holding El Salvador accountable on June 1 are two working groups and four special rapporteurs in the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. In their letter, they expressed their ‘most serious concern at the information received’ that suggests ‘the possibility of a pattern of arbitrary detentions, as well as possible abuses that may constitute torture or cruel, inhuman or degrading treatment during the arrests and imprisonment of Salvadorans. ‘The cases of deaths in detention, including those that could be due to the deprivation of access to medicines, ‘amplify our concern about the situation described,’ the letter reads. Other concerns are the saturation of the public defense system, the approved penal reforms, and prison sentences for children and adolescents.
El Faro: https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26330
Estado salvadoreño admitió a la ONU que investiga muertes en cárceles durante el Régimen
Seis oficinas de Naciones Unidas dedicadas a fiscalizar el respeto de derechos humanos suscribieron una carta conjunta y pidieron explicaciones al Estado salvadoreño por información que llegó a sus manos y que, según dijeron, refleja patrones de violaciones de derechos humanos cometidos durante el Régimen de Excepción, vigente desde el 27 de marzo. El Estado respondió con un informe de 31 páginas que dista mucho del escenario que diversas publicaciones periodísticas y organizaciones civiles han presentado acerca de las capturas arbitrarias y otras vulneraciones durante el Régimen, que este lunes 16 de agosto fue prorrogado, por quinta vez, un mes más. Esta medida ha dejado a unas 50,000 personas detenidas. Algunas de ellas, según consta en expedientes judiciales, fueron detenidas solo porque parecían nerviosas, según algún policía o militar. La organización Cristosal, con información de familiares y publicaciones de prensa, ha reportado la muerte en las cárceles de 63 personas capturadas durante el Régimen. Algunos de los cuerpos presentaban cicatrices y golpes.
Las seis oficinas que el 1 de junio pidieron cuentas a El Salvador son dos grupos de trabajo y cuatro relatorías especiales aglutinadas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su carta, expresaron su ‘más seria preocupación ante la información recibida’ que sugiere ‘la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como de eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes’ durante los arrestos y encarcelamiento de salvadoreños. ‘Los casos de muertes bajo detención’, incluyendo las que podrían deberse a la privación de acceso a medicinas, ‘amplifican nuestra preocupación frente a la situación descrita’, reza la carta. Otras preocupaciones son por la saturación del sistema de defensa pública, las reformas penales aprobadas y las penas de cárcel para niños y adolescentes .