The Minister of Security, Gustavo Villatoro, arrived at the Legislative Assembly on Tuesday, August 16, along with the Minister of Defense, René Francis Merino Monroy, and the director of the National Civil Police, Mauricio Arriaza Chicas, to submit a fifth request for an extension for the emergency regime.
The petition was approved with a waiver of formality on Tuesday in the Assembly, with 66 votes in favor and 12 against. The new period is for 30 more days from August 20, according to the president of the Assembly, Ernesto Castro.
According to Villatoro, the results of the measure are “strong.” “We presented to the new Assembly the request for a fifth extension of the Emergency Regime, the population and we have all been able to see the convincing results thanks to these measures,” the official said.
The emergency regime has been in force in El Salvador since March 27, 2022, against all the questions of civil society organizations, the defense of human rights, and international organizations that have observed the government of El Salvador with this measure as one of the countries that are headed for a totalitarian and dictatorial regime.
Asamblea aprueba quinta prórroga del régimen de excepción
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, llegó este martes 16 de agosto a la Asamblea Legislativa junto con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, a presentar una quinta solicitud de prórroga para el régimen de excepción.
La petición fue aprobada con dispensa de trámite este martes en la Asamblea con 66 votos a favor y 12 en contra. El nuevo periodo es para 30 días más a partir del 20 de agosto informó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.
Según Villatoro, los resultados de la medida son “contundentes”. “Presentamos a la nueva Asamblea la solicitud de una quinta prorroga del Régimen de Excepción, la población y todos hemos podido ver los resultados contundentes gracias a estas medidas”, señaló el funcionario.
El régimen de excepción está vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo de 2022, contra todos los cuestionamientos de organismos de la sociedad civil, de defensa de los derechos humanos y de organizaciones internacionales que han observado en el gobierno de El Salvador con dicha medida, como uno de los países que se enrumba a un régimen totalitario y dictatorial.