The Secretariat of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has much work these days. There is a group of visitors very unaccustomed to judicial proceedings on the first floor of the Palace of Justice, in the Government Center, to the usual tumult of lawyers who go and are presenting writings of all kinds. “I didn’t even know about this type of resource. The Attorney General’s lawyer did not tell me that this could be done,” says Marisela Hernández, a saleswoman from the San Martín market. The latter arrives at the window of the Chamber one morning in mid-July to deliver a letter calling for the release of her sister. Her sister, says Marisela, was arrested on June 7, is pregnant, and was detained in a police station after agents summoned her to allegedly interview her for a crime in which she was a victim. “Another of her children recently killed my sister, and with the excuse of interviewing her for the investigation, she was summoned, and she was arrested right there; that’s unfair,” says the woman. Like so many others, she received from the State, a public defender who was overworked and did not mention anything about habeas corpus. If he is here at the window of the Chamber, it is because she saw news where they talked about such writings and then learned of fellow salespeople who had consulted with a lawyer to file one of those appeals.
So far in 2022, the Constitutional Chamber has received 1,090 complaints such as those filed by Marisela that July morning. In 27 years, it is the first time several such demands have been reached, according to official records. Until Friday, July 22, as confirmed by an internal source of the Court, the Constitutional Chamber had not admitted any cases of those presented at the window so far in the Emergency Regime that began on March 27, 2022.
Régimen de Excepción rompe récord de demandas de habeas corpus desde el fin de la Guerra
La Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene mucho trabajo estos días. En la primera planta del Palacio de Justicia, en el Centro de Gobierno, al habitual tumulto de abogados que van y vienen presentando escritos de todo tipo, se suma un grupo de visitantes muy poco acostumbrado a trámites judiciales. “Yo ni sabía de este tipo de recursos que hay. El abogado de la Procuraduría no me dijo que se podía hacer esto”, dice Marisela Hernández, una vendedora del mercado de San Martín que llega a la ventanilla de la Sala una mañana de mediados de julio para entregar un escrito con el que pide la liberación de su hermana. Su hermana, dice Marisela, fue detenida el 7 de junio, está embarazada y quedó detenida en una delegación policial después de que unos agentes la citaran para supuestamente entrevistarla por un crimen en el que ella era víctima. “A mi hermana le mataron hace poco a otro de sus hijos y con la excusa de entrevistarla para la investigación la citaron y ahí mismo quedó detenida, eso es injusto”, dice la mujer. Ella, como tantos otros, recibió por parte del Estado un defensor público sobrepasado de trabajo y que no le mencionó nada de los habeas corpus. Si está aquí en la ventanilla de la Sala es porque vio noticias donde hablaban de ese tipo de escritos y luego supo de compañeros vendedores que se habían asesorado con un abogado para presentar uno de esos recursos.
En lo que va de 2022, la Sala de lo Constitucional ha recibido 1,090 denuncias como las que esa mañana de julio ha presentado Marisela. En 27 años es primera vez que se alcanza tal cantidad de demandas, según registros oficiales. Hasta el viernes 22 de julio, según confirmó una fuente interna de la Corte, la Sala de lo Constitucional no había admitido ningún caso de los presentados en la ventanilla en lo que va del Régimen de Excepción que inició el 27 de marzo de 2022.