The Attorney General of the Republic, Rodolfo Delgado, declared that he would not prosecute police or military personnel involved in the death of gang members in clashes and the performance of duty.
“I have issued the instructions so that no police or military officer involved in this type of action is prosecuted because their actions are justified by law,” Delgado said on a government television program.
The official assured the police and the military “are protected by law to use firearms against gang members to respond to any type of aggression.”
Since the beginning of the emergency regime, the Armed Forces have reported through its Twitter account that 11 gang members have died in alleged attacks against the authorities. Delgado advocated maintaining the prevailing emergency regime that restricts freedom of association and assembly, allowing communications to be intercepted and captured by any citizen and kept in prison for up to 15 days without presenting him to a judge to determine if there is evidence against him.
Fiscalía no procesará a militares y policías por muerte de pandilleros en enfrentamientos
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, declaró que no procesará a policías o militares que se vean involucrados en la muerte de pandilleros en enfrentamientos y el cumplimiento del deber.
“He girado las instrucciones, para que no se procese a ningún policía o efectivo militar que se vea envuelto en este tipo de acciones, porque su accionar está totalmente justificado por la ley”, aseguró Delgado en un programa televisivo del gobierno.
El funcionario aseguró que los policías y los militares “están amparados por la ley para hacer uso de sus armas de fuego contra los pandilleros para responder a cualquier tipo de agresión”.
Desde que inició el régimen de excepción, la Fuerza Armada ha reportado a través de su cuenta de Twitter que 11 pandilleros han muerto en supuestas agresiones hacia las autoridades. Delgado abogó por que se mantenga vigente el régimen de excepción que prevalece y que restringe la libertad de asociación y reunión, así como permite interceptar comunicaciones y capturar a cualquier ciudadano y mantenerlo en prisión hasta 15 días sin presentarlo ante un juez para determinar si hay pruebas contra él.