We recognize that gangs have had a severe and negative impact on communities and threaten the stability and peace of the communities. But, despite the possible justification of an emergency regime, its implementation is characterized by massive and indiscriminate arrests, which has resulted in serious abuses and abuses committed by the Salvadoran State against large sectors of the population, including young people who allegedly had nothing to do with the violence that justified these actions.
Since the establishment and extensions of this broad emergency regime, through which constitutional guarantees related to due process and the inviolability of communications have been suspended, there is abundant evidence collected by human rights organizations and the press that show that the Government and the security forces are committing unjustified abuses and severe human rights violations, which are expressed in massive arbitrary detentions, torture, threats, and injuries, mainly against people residing in poor neighborhoods and stigmatized by the presence of gangs. According to official data, more than 37,000 catches are already recorded.
The documented cases show that hundreds of children, young people, adults, and the elderly, including people with mental retardation and physical disabilities, who are not part of or have links to gangs, have been arbitrarily arrested and imprisoned. In several cases and with total arbitrariness and deployment of force, the police and the army arrested anyone they found suspicious and, for several days, filled buses with people apprehended in poor communities. According to press reports and complaints from the PNC Workers’ Movement, daily quotas of arrests by police and military headquarters have been imposed on their operational personnel, which would explain the mass and indiscriminate captures.
Therefore, we urge the Salvadoran State to restore the constitutional guarantees that have been suspended under the state of emergency, to respect the Constitution and international conventions that stipulate that these guarantees cannot be suspended even under extraordinary circumstances, to review the thousands of cases of arbitrary arrests, to release people who do not have indications of criminal responsibility for the commission of crimes and to repair the moral and material damage caused to families and victims of arbitrary detentions and deaths under the tutelage of the State.
El régimen de excepción en El Salvador ha resultado en graves abusos contra la población y en posibles crímenes de lesa humanidad
Reconocemos que las pandillas han tenido un impacto serio y negativo en las comunidades y que son una amenaza a la estabilidad y paz de las comunidades. Pero, a pesar de la posible justificación de un régimen de excepción, su implementación se caracteriza por masivas e indiscriminadas detenciones, lo que ha resultado en graves abusos y atropellos cometidos por el Estado salvadoreño en contra de amplios sectores de la población, incluidos jóvenes que presuntamente no tuvieron que ver con la violencia que justificaba estas acciones.
Desde la instauración y prórrogas de este amplio régimen de excepción, mediante el cual se han suspendido garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y la inviolabilidad de las comunicaciones, existe abundante evidencia recogida por organizaciones de derechos humanos y la prensa que demuestran que el Gobierno y las fuerzas de seguridad están cometiendo injustificados abusos y severas vulneraciones a los derechos humanos, los cuales se expresan en masivas detenciones arbitrarias, torturas, amenazas y lesiones, principalmente en contra de personas que residen en barrios pobres y estigmatizadas por la presencia de pandillas. Según datos oficiales, ya se contabilizan más de 37,000 capturas.
Los casos documentados muestran que se han detenido y encarcelado de forma arbitraria a cientos de niños, jóvenes, personas adultas y ancianas, incluidas personas con retraso mental y discapacidades físicas, que no integran ni tienen vínculos con pandillas. En varios casos y con total arbitrariedad y despliegue de fuerza, la policía y el ejército detuvieron a cualquiera que les parecía sospechoso y durante varios días llenaron autobuses con personas aprehendidas en comunidades pobres. Según informes de prensa y denuncias de la gremial Movimiento de Trabajadores de la PNC, se han impuesto cuotas diarias de detenciones por parte de las jefaturas policiales y militares a su personal operativo, lo que explicaría las capturas masivas e indiscriminadas.
Por tanto, instamos al Estado salvadoreño a restablecer las garantías constitucionales que han sido suspendidas bajo el estado de excepción, a respetar la Constitución y los convenios internacionales que estipulan que estas garantías no pueden ser suspendidas incluso bajo circunstancias extraordinarias, a revisar los miles de casos de capturas arbitrarias, a liberar a personas en las que no recaen indicios de responsabilidad penal por la comisión de delitos, y a reparar el daño moral y material provocado a las familias y víctimas de detenciones arbitrarias y muertes bajo la tutela del Estado.