The Salvadoran government has not had a solid response to this complaint. In a public hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), which had already expressed its concern about the case, the Attorney General’s Office said it was investigating what happened. However, even with the investigation open, they ruled out the idea that the perpetrator was the government, even though the company NSO Group, developer of Pegasus, recognizes that it only sells its products to governments.
To aggravate this situation and justify itself in the current state of emergency (extended for the second time on May 25), the government announced that it would redirect more than $10 million for the acquisition of “a cutting-edge technological platform” that will be used in the Telecommunications Intervention Center.
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Más allá de Pegasus: Las amenazas de las nuevas políticas en el El Salvador
El gobierno salvadoreño no ha tenido una respuesta contundente frente a esta denuncia. En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había expresado su preocupación frente al caso, la fiscalía general de la nación aseguró estar investigando lo sucedido. Sin embargo, aún con la investigación abierta, descartaron la idea de que el perpetrador haya sido el gobierno, pese a que la empresa NSO Group, desarrolladora de Pegasus, reconoce que solo le vende sus productos a gobiernos.
Para agravar esta situación y justificándose en el actual estado de emergencia (extendido por segunda vez el 25 de mayo), el gobierno anunció que redireccionará más de 10 millones de dólares para la adquisición de “una plataforma tecnológica de vanguardia” que será utilizada en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.
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