Three lawyers and a computer expert warned on Tuesday that the redirection of funds for the Attorney General’s Office (FGR) requested by the government of Nayib Bukele from the Legislative Assembly could be used for possible espionage. Of the $14 million that the Executive has asked for, $10,934,995 would be destined to acquire “a state-of-the-art technological platform” for the Telecommunications Intervention Center under the emergency regime.
They agreed that the new technological tool could threaten human rights, recalling background information about espionage with Pegasus software, a program of the Israeli company NSO Group that governments acquire. In El Salvador, at the beginning of 2022, an investigation by Citizen Lab, which specialized in cybersecurity at the University of Toronto, Canada, determined that more than 30 cell phones of journalists and activists were infected with the malware.
“As has happened in the espionage through Pegasus of journalists, politicians, and members of civil society – including the phones of the executive director of DTJ and mine – communications intervention is not only used to combat crime but as a weapon of political espionage and intimidation. So this new acquisition in the hands of the Prosecutor’s Office of the ruling party – for whose acquisition it will not be accountable – could pose a new threat to the rights of free expression, association, and the press,” said José Marinero, lawyer and president of the Democracy, Transparency, and Justice Foundation (DTJ).
Abogados advierten sobre posible espionaje con fondos que el gobierno ha solicitado para intervenir las telecomunicaciones
Tres abogados y un experto en informática advirtieron este martes que la reorientación de fondos para la Fiscalía General de la República (FGR) que ha solicitado el gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa podrían ser utilizado para posible espionaje. Del total de $14 millones que el Ejecutivo ha pedido $10,934,995 estarían destinados para la adquisición de “una plataforma tecnológica de vanguardia” para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones en el marco del régimen de excepción.
Coincidieron en señalar que la nueva herramienta tecnológica podría ser una amenaza para los derechos humanos, al recordar antecedentes sobre el espionaje con el software Pegasus, un programa de la empresa israelí NSO Group que adquieren los gobiernos. En El Salvador a inicios de este 2022 una investigación de Citizen Lab, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, determinó que más de 30 teléfonos celulares de periodistas y activistas fueron infectados con el malware.
“Como ha sucedido en el espionaje mediante Pegasus a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil -incluyendo a los teléfonos de la directora ejecutiva de DTJ y el mío- la intervención de las comunicaciones no solo se usa para combatir la delincuencia sino como un arma de espionaje político e intimidación. Así que esta nueva adquisición en manos de la Fiscalía del oficialismo -de cuya adquisición no tendrá que dar cuentas- podría suponer una nueva amenaza para los derechos de libre expresión, asociación y prensa”, dijo José Marinero, abogado y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).