The Supreme Court of Justice denied access to the file on the extradition request of the national leader of MS-13, Élmer Canales Rivera, alias Crook because he argued that he was not detained and because the judges have not yet decided whether to send him to the United States to face a trial in that country. These explanations are in response of the Court to a request made by El Faro on March 31 through the Law on Access to Public Information (LAIP). According to the letter sent to Penal Centers in March of this year by the judge who kept Crook’s file, the gang member had a pending court case and a conviction in force, so he did not have to have been released.
According to four specialists consulted for this note, the memorandum, notified to El Faro on April 27, is an admission that Crook is not detained or at the disposal of a judge. A copy of the Court’s argument was shared. Two are former judges of the CSJ, one is a lawyer who advised a magistrate, and the other is a sentencing judge.
The whereabouts of the Crook are unknown until now. In the face of government silence, the only thing that is known is that on June 3, he was released, according to a judge who was in charge of his file and who recorded having sent a letter to Penal Centers on June 1, 2021, explaining that the gang member should not be released because he had a pending case for aggravated extortion and illicit groups and a current sentence for trafficking in prohibited objects in Penal Centers. According to the judge’s office, Crook was released on June 3, two days after he had argued to Penal Centers why that should not happen. Crook had been in prison since 2000; he was convicted of several crimes, including in December 2019 to 70 years in prison for homicide, after Operation Cuscatlán, although the sentence is not final due to various appeals by his lawyers. In addition, he was prosecuted in other Salvadoran courts for one case of aggravated extortion and another for illicit groups. Criminal law prohibits a defendant from being released with a provisional arrest warrant for different cases.
Corte confirma que Crook no está detenido y no puede pronunciarse sobre su extradición
La Corte Suprema de Justicia denegó acceso al expediente sobre la petición de extradición del líder nacional de la MS-13, Élmer Canales Rivera, alias Crook, porque argumentó que él no está detenido y porque los magistrados aún no han decidido si enviarlo a Estados Unidos para que enfrente un juicio en ese país. Estas explicaciones están en una respuesta de la Corte a una petición hecha por El Faro el 31 de marzo a través de la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP). Según consta en un oficio de marzo de este año enviado a Centros Penales por el juez que llevaba el expediente de Crook, el pandillero tenía una causa judicial pendiente y una condena vigente, por lo que no tuvo que haber sido liberado.
El memorándum, notificado a El Faro el 27 de abril, es una admisión de que Crook no está detenido ni a la disposición de un juez, según cuatro especialistas consultados para esta nota a los que se le compartió una copia de la argumentación de la oficina de la Corte. Dos son exmagistrados de la CSJ, uno un abogado que asesoró a un magistrado y otro es un juez de sentencia.
El paradero del Crook es desconocido hasta ahora. Ante el silencio gubernamental, lo único que se sabe es que el 3 de junio fue liberado, según consignó un juez que tenía a cargo su expediente y que dejo constancia de haber enviado un oficio a Centros Penales el 1 de junio de 2021, explicando que el marero no debía ser liberado porque tenía un caso pendiente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas y una condena vigente por tráfico de objetos prohibidos en Centros Penales. Según el oficio del juez, Crook fue liberado el 3 de junio, dos días después de que él hubiera argumentado a Centros Penales por qué eso no debía ocurrir. Crook estaba en prisión desde 2000, fue condenado por varios delitos, entre ellos en diciembre de 2019 a 70 años de prisión por homicidio, tras la Operación Cuscatlán, aunque la sentencia no está firme producto de diversas apelaciones por parte de sus abogados. Además estaba procesado en otros juzgados salvadoreños por un caso de extorsión agravada y otro por agrupaciones ilícitas. La ley penal prohíbe que un procesado pueda ser puesto en libertad cuando tiene orden de detención provisional por otros casos.