Some scenes on bus stops from lines 42 and 152 are reminiscent of times of war, natural disasters, and economic crises in El Salvador’s capital. Dozens of passengers waited in long queues for the buses they take daily to work and offices. But there weren’t enough buses or drivers. The cause of the chaos wasn’t, this time, urban warfare or an inundation; the origin of the disorder came from Bukele’s presidency.
Friday, March 11th, police officers deployed on the streets of San Salvador began giving tickets to buses that supposedly had illegally increased the price of the ride. The next day, the police detained Catalino Miranda, a controverted public transport leader, who a few hours before had been in a meeting with colleagues on the Presidential House with Bukele. Next, the police and army confiscated around 300 buses belonging to Acostes de RL; the public transport association presided by Miranda.
The confiscation of the buses, more than Miranda’s capture (leader of the transport guild, associated with abuses, violence, and political opportunism), has activated several alarms in El Salvador for what some describe as a new deployment of authoritarianism from Bukele and the beginning of confiscation measures.
Sin dinero y aislado, Nayib Bukele comienza con las confiscaciones
Algunas escenas en paradas de buses de las rutas 42 y 152 recordaban, la mañana del lunes 14 de marzo, los días de guerra, desastres naturales y crisis económica en la capital de El Salvador. Decenas de pasajeros esperaban en largas colas las busetas que toman a diario para ir a sus trabajos y oficinas. Pero no había suficientes vehículos ni conductores. La causa del caos no era, esta vez, un combate urbano o una inundación; el origen del desorden estaba en Casa Presidencial.
El viernes 11 de marzo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegados en las calles de San Salvador empezaron a poner multas a busetas que, se supone, habían aumentado el precio del pasaje. Luego, la noche del sábado 12 de marzo, la PNC capturó a Catalino Miranda, un controvertido líder transportista que horas antes había estado en una reunión con otros colegas de su gremio y Bukele en Casa Presidencial. Acto seguido, las autoridades confiscaron unos 300 vehículos a Acostes de RL, la asociación de transporte público que preside Miranda.
La confiscación de los buses, más que la captura de Miranda -líder de un gremio, el de los buseros, asociado con abusos, violencia y oportunismo político-, ha encendido varias alarmas en El Salvador por lo que algunos califican como un nuevo despliegue de autoritarismo de Bukele y no pocos entienden como un anuncio de nuevas medidas confiscatorias.