Munguía Payés served as defense minister in the administration of both Mauricio Funes and Salvador Sánchez Cerén, but between November 2011 and May 2013 was appointed by Funes to lead the Ministry of Justice and Security. In this period, the so called “truce” between the main Salvadoran gangs took place, which reduced the homicide rate. This process war tolerated and facilitated by the ministry of Security, although the agreements between the gangs were reached with the intervention of independent mediators. The subject of the ongoing investigation is the role of general Munguía Payés in this process of reduction of violence, that initiated in March 2012 took place until May 2013, when general Munguía Payés was translated back to serve again as Minister of Defense and the new minister of Security retired all kind of support for the process of violence reduction. The prosecutor’s office accuses the former minister of illicit association and to have allowed illegal benefits for imprisoned gang leaders. Munguía Payés and the mediators have sustained that the government never was part of the dialogue with the gangs and the minister never met with gang leaders.
This week, the judge closed the instruction phase and sent the case to trial, and at the same time revoked the order of house arrest and send ordered provisional detention of the former minister.
The next day, the prosecutor’s office presented, before a different court, accusations of illicit enrichment against general Munguía Payés.
Similar procedures have been used against the former mayor of San Salvador, Ernesto Muyshondt, who was accused of negotiating electoral support with the gangs and sent to house arrest by the judge of instruction. When Muyshondt left the court, he was newly arrested under a warrant in a different case related to his management of the mayor’s office. The judge in this case also ordered house arrest, but this decision was never complied by the director of the Prison System, Osiris Luna. Finally, a superior chamber ordered the provisional detention in a Salvadoran prison of Mr. Muyshondt. Osiris Luna is one of the high-ranking members of the Bukele administration accused and sanctioned by the U.S. Department of the Treasury.
Critical observers of the state of both the justice and the prison system in El Salvador doubt that general Munguía Payés will have a fair trial and that his right will be respected in detention. The case of Ernesto Muyshondt has generated serious critics, both in El Salvador and in Washington, of the way justice is being administered in El Salvador.
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Mandan a prisión a ex-ministro de Seguridad
Munguía Payés sirvió como ministro de Defensa en ambos gobiernos del FMLN, de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén. Pero entre noviembre 2011 y mayo 2013, el entonces presidente Funes lo puso al cargo del ministerio de Justicia y Seguridad. En este período, se dio la llamada ‘tregua’, un acuerdo de no agresión entre las principales pandillas de El Salvador, el cual sustancialmente redujo la tasa de homicidios. Este proceso fue tolerado y facilitado por el ministerio de Seguridad, que supervisa la policía y la Dirección de Centros Penales, pero todos los acuerdos sobre ‘la tregua’ entre las pandillas se alcanzaron bajo la mediación de actores independientes.
El sujeto de la actual investigación penal es el papel de Munguía Payés en este proceso de reducción de violencia, que se inició en marzo del 2012 y duró hasta mayo 2013, cuando Munguía Payés fue trasladado nuevamente al ministerio de Defensa y el nuevo ministro se negó a reconocer y apoyar la tregua.
La fiscalía acusa a Munguía Payés de asociación ilícita y de haber permitido beneficios para los líderes de las pandillas encarcelados. Munguía Payés y los mediadores han sostenido que el gobierno nunca formó parte de los diálogos con las pandillas y que el ministro nunca se reunió con ellas.
Esta semana, terminó la fase de instrucción y la jueza mandó el caso a vista pública y al general a la cárcel, revocando la orden de arresto domiciliar.
El día siguiente, la fiscalía presentó ante un juzgado diferente una acusación nueva contra Munguía Payés, esta vez por enriquecimiento ilícito.
Procedimientos similares fueron usados contra el ex-alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien fue acusado por supuestas negociaciones con las pandillas para conseguir apoyo electoral y mandado a arresto domiciliar por el juzgado de instrucción. Cuando Muyshondt abandonó el juzgado, la policía lo retuvo bajo una nueva orden de detención provisional que corresponde a otra acusación diferente, relacionada con las cuotas laborales en la alcaldía. El juzgado, donde se presentó este nuevo caso, nuevamente decretó arresto domiciliaria para Muyshondt, pero esta sentencia nunca fue cumplida por el director de Centros Penales, Osiris Luna. Finalmente, una cámara superior revocó la orden de arresto domiciliario y decretó la detención provisional de Muyshondt. Osiris Luna es uno de los funcionarios de la administración Bukele acusado y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Observadores críticos del estado del sistema de justicia y penitenciario de El Salvador dudan que el general Munguía Payés tendrá un juicio justo y que en su detención se le respetarán sus derechos. El caso de Ernesto Muyshondt ha generado cuestionamientos serios, tanto en El Salvador como en Washington, acerca de la manera como actualmente se está administrando la justicia en El Salvador.
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