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This shows how controversial it is to go through with the president Bukele’s plan to reelect Delgado, in spite of the warnings of the international community.

Delgado was elected on may 1st 2021, after the removal of the chief prosecutor Melara, together with the 5 members of the Constitutional Chamber of the Salvadoran Supreme Court. The removal was loudly denounced as unconstitutional, both nationally and internationally. The U.S. government suspended all financial and technical support for the Attorneys Office and treated Mr. Delgado as a ‘de facto’ official. 

Immediately after taking control of the prosecutor’s office, Mr. Delgado suspended all cooperation with the CICIES (the International Commission against Impunity, sponsored and directed by the Organization of American States OAS). Also, the ongoing investigations in his own office of well documented cases of corruption in the government’s emergency acquisitions of food and sanitary supplies were suspended. Mr. Delgado himself is under investigation for domestic violence. 

Despite of all this, the parties supporting the Bukele administration wanted to reelect Mr. Delgado for a new three-years term as Attorney General, because of his closeness to the current minister of Justice and Security Gustavo Villatoro and the way he has directed the prosecution policy.

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Esto demuestra lo controversial que sería cumplir con el plan de presidente Bukele de reelegir a Delgado. Él fue electo fiscal general el 1 de mayo 2021, luego de la remoción del fiscal general Melara, junto con los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta remoción fue fuertemente criticada como inconstitucional, tanto por organizaciones civiles salvadoreñas como por gobiernos de países amigos.

El gobierno de Estados Unidos suspendió todo su apoyo financiero y técnico para la Fiscalía General y trató a Delgado como fiscal general ‘de facto’.  

Inmediatamente luego de tomar control de la fiscalía, Delgado suspendió la cooperación con la CICIES (la Comisión Internacional contra la Impunidad, patrocinada y dirigida por la Organización de Estados Americanos, OEA). También suspendió las investigaciones en curso en múltiples casos de corrupción en el marco de las adquisiciones de emergencia que hizo el gobierno de Bukele de alimentos e implementos sanitarios. Además, Rodolfo Delgado tiene un juicio pendiente de violencia doméstica.

A pesar de todo esto, los partidos que apoyan la administración Bukele querían reelegir a Delgado, debido a su cercanía con el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro y la manera como ha dirigida las políticas de investigación y persecución.

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