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The Human Rights Institute of the UCA, the Jesuit university, presented a report titled “The capture of the judicial system”. The conclusion: It lost its independence, through the intervention of the Bukele government and unconstitutional acts of the Legislative Assembly controlled by the ruling party Nuevas Ideas.

According to father José María Tojeira, the director of the institute, the control held by president Bukele over the Supreme Court of Justice and about 100 recently appointed judges, violates the constitutional separation of powers and the rule of law in El Salvador.

The report explains that the origin of this process was the unconstitutional decision of the newly elected Legislative, on May 1, 2021, to remove the 5 members of the Constitutional Chamber of the Supreme Court, along with the Attorney General, and to replace them with lawyers loyal to the Executive. In this process the Legislative did not follow the legally regulated procedures for the suspension and election of magistrates.

The loss of independence of the justice system was completed by the posterior election of 5 additional magistrates, establishing a 10 out of 15 pro-government-majority in the Supreme Court; and with a legislative decree sending to early retirement all judges who have completed 60 years o 30 years of service. The subsequent reshuffle of the different chambers established a nearly total control over the justice system.

“The complete scenario is that we have is that the whole State was captured under the leadership of one person with strong authoritarian traits.” 

The report points out that “the infiltration of corruption, of disrespect for the rules and their substitution at the convenience of the president are taking place with the approval of the instances that should detain the dismantling of democracy.’

The report concludes that “while power is not being controlled and limited, Human Rights will be an illusion. Without independence of the police, the prosecutors, the judges and the Constitutional Chamber there is no guarantee of protection for Human Rights and Civil Society.”

Informe IDHUCA

EDH: “Pérdida de la independencia judicial es uno de los más graves retrocesos en 2021”: UCA

La pérdida de la independencia judicial en El Salvador

El Instituto de DDHH de la UCA (IDHUCA) presentó un informe titulado “La captura del sistema judicial”. Su conclusión: la judicatura salvadoreña perdió su independencia, por intervención del gobierno de Nayib Bukele y actos inconstitucionales de la Asamblea Legislativa dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas. 

De acuerdo al informe del IDHUCA, presentado al público por su director padre José María Tojeira, el control que ejerce Nayib Bukele sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sobre jueces impuestos violenta la separación de poderes y el Estado de Derecho en el país.

El informe describe como se originó este proceso: con la decisión inconstitucional de la recién electa nueva Asamblea Legislativa de remover, en la primera plenaria del 1 de mayo 2021, a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general; y sustituirlos con abogados leales al Ejecutivo. En este proceso no se han observado las reglas legales para la remoción y elección de magistrados. 

La pérdida de independencia de los magistrados y jueces fue completada mediante la posterior elección de 5 magistrados adicionales, estableciendo una mayoría de 10  en la Corte Suprema; y con un decreto legislativo que mandó al retiro a todos los jueces con más de 60 años de edad o 30 años de servicio. La subsiguiente recomposición de todas las cámaras otorgó un control casi total del sistema judicial.

“Nos encontramos frente a un escenario complejo, en el que existe la captura de un Estado liderado por una persona con fuertes rasgos autoritarios y que se mofa de ello”, señala el estudio.

El informe señala que “la infiltración de la corrupción, el irrespeto de las reglas y la sustitución por nuevas a conveniencia se realiza con el beneplácito de las demás instancias que deberían contener el desmoronamiento de la democracia”. 

Concluye el informe que “en la medida que el poder no esté controlado ni limitado, los Derechos Humanos seguirán siendo una quimera. Sin independencia de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, sin jueces ordinarios y sin Sala de lo Constitucional independientes, no hay garantías de protección para los Derechos Humanos y la Sociedad Civil.”

Informe IDHUCA

EDH: “Pérdida de la independencia judicial es uno de los más graves retrocesos en 2021”: UCA