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The new law grants the recently created Directorate of Municipal Projects the power to expropriate any terrain and the respective buildings, if a judge admits the petition to declare a ‘municipal interest’. The owner can only appeal the price, but not the expropriation.

The controversial new Directorate was created by another law recently passed by the Assembly, which strips the local governments from their authority to decide, control and execute municipal infrastructure projects. Within the framework of decentralization outlined by the Salvadoran Constitution, previously the local governments received 10% of the revenue collected by the central government for social development projects and for infrastructure projects like building and maintaining of roads, water and drain systems, construction of municipal buildings, garbage disposal plants, etc. With the new law the local governments would receive 1.5% of the national tax revenues, only for social development project, and the infrastructure projects will be centralized, in the hand of the new Directorate, from the process of defining needs and priorities to the planification, design and execution.

Many mayors have criticized this new legislation as a serious setback in the democratic process of decentralization that will lead to more bureaucracy, arbitrary decisions and corruption. 

It is in this context the new Right of Eminent Domain law is subscribed. Critics denounce that a very small group of non-elected officials will have the power to decide which of the many needs of the municipalities to address and even the power to order expropriations if required by their project-designs. The local authorities, which really are in permanent contact with the needs of the population, lose all their power of decision. 

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Asamblea Legislativa salvadoreña da al gobierno mano libre para expropiaciones

La nueva ley otorga a la recién creada Dirección Nacional de Obras Municipales el poder de disponer de cualquier inmueble, a un precio a evaluar, si un juez admite petición de declaratoria de interés municipal. Solo podrá apelarse el precio determinado, no la expropiación.

La controversial Dirección Nacional de Obras Municipales fue creada por otra ley recientemente aprobada que quita a los gobiernos locales la autoridad de decidir, controlar y ejecutar los proyectos municipales de infraestructura. En el marco de la descentralización de la administración pública, anclada en la Constitución, las alcaldías anteriormente recibían un 10% de los impuestos recaudados por el gobierno central para construir y mantener calles, sistema de agua potable y aguas negras, depósitos de basura, escuelas, casas comunales. Con la nueva legislación se centralizan todas estas obras, desde la definición de las prioridades hasta la planificación, el diseño, y la ejecución.

Muchos alcaldes han criticado esto como un retroceso en la autonomía municipal y una centralización que va a significar arbitrariedad, corrupción y burocracia.

En el contexto de esta reforma municipal se inscribe la Ley de Dominio Eminente. Críticos señalan que será un grupo pequeño de funcionarios no electos que tendrían el poder de decidir a cuáles de las necesidades en los municipios responder e incluso del poder de ordenar expropiaciones si sus diseños los requieren. Las autoridades locales, que realmente están en contacto permanente con las necesidades de su población, pierden toda la capacidad de influir las decisiones.

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