Salvadoran government plans to confiscate 40% of donations to NGOs/ Gobierno quiere confiscar el 40 % de las donaciones a ONG

Nov 11, 2021

With its new “Foreign Agents Act”, the Salvadoran government plans to establish a new tax, considered confiscatory, in order to collect 40% of all donations to non-government-organizations (NGOs), foundations or news organizations receive from foreign sources./ Con su nueva “Ley de Agentes Extranjeros”, el gobierno salvadoreño quiere establecer un nuevo impuesto, considerado confiscatorio, para cobrar un 40% de todos los financiamientos que ONG, fundaciones y empresas mediáticas reciben de fuentes extranjeras.

This law will also apply to alternative news organizations like El Faro, which depend on donations and cooperation agreements.

The new tax is considered confiscatory and would put in risk the sustainability of the affected organizations. It will apply to donations from foreign governments, including from the USAID and similar programs from other countries, which make possible numerous projects of local development, political education, promotion of transparency and accountability, etc. The same way, the law and the new tax it is establishing, applies to donations made by foreign foundations like the Rockefeller Fund, the Bill and Melinda Gates foundation, Georg Soros’ Open Society Fund, etc.

Political analysts in El Salvador point out that this law is the reaction of president Nayib Bukele to the recent announcement made by the head of USAID, Samantha Power, that her organization will suspend its financing of government programs in El Salvador, Honduras and Guatemala and instead set up a $300 million fund for projects executed by independent organizations. Ms. Powers made clear that one of the goals of that new policy is the strengthening of civil society opposed to authoritarian governments.

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Gobierno quiere confiscar el 40 % de las donaciones a ONG 

Con su nueva “Ley de Agentes Extranjeros”, el gobierno salvadoreño quiere establecer un nuevo impuesto, considerado confiscatorio, para cobrar un 40% de todos los financiamientos que ONG, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil reciben de fuentes extranjeras. 

Esta ley y el nuevo impuesto también se aplicarán a medios alternativos de comunicación, como por ejemplo El Faro, que dependen económicamente de donaciones o convenios de cooperación. 

Este nuevo impuesto es considerado confiscatorio y pondría en riesgo la continuidad de las organizaciones afectadas y sus proyectos. Afectaría a todas las donaciones y acuerdos de cooperación de gobiernos extranjeros, incluyendo a USAID y programas similares de otros países, que facilitan numerosos proyectos de desarrollo local, equidad de género, educación política, promoción de transparencia y rendición de cuentas, etc. 

De la misma manera, la nueva ley y su impuesto se aplicarán a financiamientos provenientes de fundaciones extranjeras, como el Rockefeller Fund, la Fundación Gates y el Open Society Fund de Goerg Soros, entre otros.

Analistas políticos en El Salvador señalan que esta ley es la reacción del presidente Bukele al anuncio recientemente hecho por Samantha Power, la jefe de USAID, donde dijo que su organización dejará de financiar programas gubernamentales en El Salvador, Honduras y Guatemala, y establecerá un fondo de $300 millones para financiar proyectos ejecutados por organizaciones independientes. Samantha Power dejó claro que uno de los objetivos de esta nueva política es el fortalecimiento de la Sociedad Civil enfrentada a gobiernos autoritarios.

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