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This reduction hurts mainly the poorest municipalities, their autonomy and the development model based on decentralization.

Salvadoran congress approved this Tuesday a significant cut of the funds that the government assigns to the country’s local governments for their development projects and for their operating expenses of the municipalities with very low tax income.

Under the previous law, the government had to transfer 10% of the tax income to the local governments. In the new law this funding is reduced to 1.5%. This new legislation leaves the poorest municipalities at disadvantage and in dependence from the central government, that takes over all infrastructure projects and maintenance in the 262 towns.

This new model is being implemented through the creation of a National Directorate of Municipal Projects, directed and controlled entirely by the Executive. The funding that previously went to the town governments, now goes to this no centralized directorate. The mayors will only receive minimum funding for social development projects. 

Opposition legislators question this new law, arguing that it will delay and reduce social development projects and cause mayor corruption. They also accuse Bukele of having lied when in his campaign he promised to increase the funds destined to the local governments from 10% to 15% of the tax revenue. 

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Administración Bukele reduce fondos para las alcaldías

La reducción de los fondos afecta principalmente a los municipios más pobres, su autonomía y su modelo de desarrollo basado en la descentralización. 

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 62 votos, un recorte significativo a los fondos, que el gobierno asigna a las alcaldías del país para obras y para los gastos operativos de los municipios con mínima recaudación de impuestos.

La nueva ley redujo del 10% al 1.5% los fondos de ingresos corrientes del Estado que el Ejecutivo debe dar a las municipalidades. La nueva Ley deja a los municipios más pobres en desventaja en mayor dependencia del gobierno central, el que asume todos los proyectos de infraestructura. 

Este nuevo modelo será implementado a través la creación de una Dirección Nacional de Obras Municipales, dirigida y controlada en su totalidad por el Ejecutivo. Los fondos que antes fueron trasladados a las alcaldía, ahora van a esta nueva entidad centralizada. Los alcaldes solo se quedan con un financiamiento mínimo para proyectos de desarrollo social.

Diputados de la oposición cuestionan esta nueva ley, argumentando que va a generar más corrupción y atrasar y reducir los proyectos de desarrollo. Además lo acusan de haber mentido cuando en su campaña prometió incrementar los fondos destinados a las alcaldías al 15% del total de la recaudación de impuestos..

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