The destruction of judicial independence

The UN Special Rapporteur on the judicial independence, Diego García-Sayán, in an editorial written for ‘El País’, expresses his “opinion about the unfortunate situation of the Salvadoran justice system”. As special representative of the UN Secretary General, Alvaro de Soto, the Peruvian diplomat García-Sayán was one of the architects of the 1992 peace agreement.

In his editorial, Mr. García Sayán describes how the Salvadoran government through its control over the Legislative “proceeded to arbitrarily and with due process the Constitutional Chamber and the General Attorney, and then rushed to put in place their substitutes” and concludes that this was “an overwhelming example of what should never be done” and destroys the independence of judges.

In his extensive editorial, the high UN official describes, through the examples of El Salvador and México, that the main condition for the loss of the judicial independence is that the executive has the power to control the process of selection and designation the of the judges. That is the case in El Salvador, according to the Special Rapporteur on the judicial independence. 

El País: Desbaratando las claves de una justicia obsecuente, de Diego 

La destrucción de la independencia judicial

El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, expresa en un editorial escrito para El País, su «opinión sobre la situación infortunada del sistema judicial de El Salvador». Como representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Álvaro de Soto, el diplomático Diego García-Sayán fue uno de los arquitectos de los Acuerdos de Paz salvadoreños en 1992. 

En su editorial, García-Sayán describe cómo el gobierno de El Salvador, mediante su control de la Asamblea Legislativa, procedió a «destituir arbitrariamente y sin el menor asomo de debido proceso, al tribunal constitucional y al fiscal general, y a nombrar, atropelladamente, a los reemplazantes», y concluye que esto es «un ejemplo contundente de lo que nunca debería pasar en una democracia», porque destruye la independencia judicial.

En su extenso editorial, el alto funcionario de Naciones Unidas explica, con los ejemplos de El Salvador y México, que la principal condición para la pérdida de la independencia judicial es que el que gobierna tenga el poder de controlar el proceso de selección y nombramiento de los jueces. Este es el caso en El Salvador.

El País: Desbaratando las claves de una justicia obsecuente, de Diego García-Sayán