El Salvador’s fiscal deficits and debt will remain high despite a strong economic recovery, sustaining the government’s large financing needs.
The government’s need to manage rollover risks on elevated short-term debt and to secure funding for an external bond of $800 million due in January 2023, as well as for fiscal deficits, highlights potential funding risks.
We revise dour outlook on El Salvador to negative from stable and affirmed our ‘B-/B’ sovereign credit ratings.
The negative outlook indicates the at least one-in-three chance of a downgrade over the next six to 18 months if the government does not make adequate progress filling its substantial financing gap in the coming year.
S&P revisa perspectiva de El Salvador a “negativa”
La agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings revisó el jueves la perspectiva de El Salvador de “estable” a “negativa”, al citar crecientes necesidades de financiamiento del país centroamericano.
El déficit fiscal y la deuda salvadoreñas se mantendrán altos a pesar de una fuerte recuperación económica, lo que sostendrá las grandes necesidades de financiamiento del gobierno, dijo en un comunicado S&P, que mantiene en “B-/B” la nota soberana de largo y corto plazo del país centroamericano.
La agencia calificadora resaltó la necesidad del gobierno de Nayib Bukele de gestionar los riesgos de refinanciamiento de la deuda a corto plazo y de asegurar el financiamiento de un bono internacional de 800 millones de dólares con vencimiento en enero de 2023.
“La perspectiva negativa refleja una posibilidad de al menos una en tres de una rebaja en los próximos seis a 18 meses si el gobierno no logra un progreso adecuado para llenar su sustancial brecha de financiamiento en los próximos años”, advirtió S&P.
La calificadora agregó que espera que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por hasta mil 400 millones de dólares. “Sin embargo, los retrasos en la obtención de más financiamiento, así como en la adopción de medidas fiscales correctivas (…) podrían dañar la confianza de los inversionistas y dificultar que el gobierno cubra su brecha de financiamiento”.