Five Salvadorian environmental defenders who were exonerated of bogus civil war charges will face retrial this week amid growing evidence of political interference.

Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco and Saúl Agustín Rivas Ortega, were acquitted in October over the alleged killing of an army informant in 1989. The court in Cabañas in northern El Salvador ruled that the state had failed to prove a crime had taken place, or that the defendants, former leftwing guerrilla fighters, were linked to any wrongdoing.

The defendants, who were at the forefront of a 13-year grassroots-led campaign to ban metal mining, were arrested in January 2023 amid warnings that President Nayib Bukele was planning to overturn the historic 2017 law.

The environmental leaders, who are all over 60 and suffer from a range of chronic medical issues, spent nearly two gruelling years fighting the charges, including nine months in which they were held in overcrowded prisons.

But their celebrations were short-lived. The attorney general, a close political ally of Bukele, successfully appealed the verdict in early December and the men face a retrial on the same charges of murder and illicit association.

The state cannot introduce new evidence or witnesses at the retrial, which opens on Monday 3 February. But in an unusual move, the appeals court judges ordered the new trial – and any future appeals – to take place in San Vicente, a different jurisdiction, where the court’s presiding magistrate was appointed during Bukele’s first term.

In late December, the mining ban the five men had campaigned for was overturned after 57 of Bukele’s allies in the 60-seat legislature voted for the president’s legislation. The move came as a new poll by the Central American University (UCA) found that almost two-thirds (61%) of Salvadorians oppose a return to mining.

Last week, hundreds of leading human rights, environmental and faith-based organizations, and academics and lawyers released a letter calling on Bukele to drop the “politically motivated charges” against the five environmental leaders, and reinstate the mining ban.

“We always suspected that the prosecution of the Santa Marta environmental leaders was politically motivated – and that it would lead to a miscarriage of justice. The government’s success in overturning the innocent verdict and overturning the mining ban shows that our suspicions were correct,” said Pedro Cabezas, coordinator of the Central American Alliance Against Mining.

The mining ban was passed unanimously by lawmakers in March 2017 amid mounting concern about the densely populated Central American country’s dwindling water resources.

Bukele’s interest in mining is part of a broader effort to promote and secure international investment for industries that include bitcoin, tourism and fossil fuel exploration – which critics warn risk exacerbating forced displacement, social conflict, economic inequality, and land and water shortages.

Since sweeping to power in 2019, Bukele and his allies have adopted authoritarian crackdowns on gangs, human rights organizations and political opponents, alongside steps to “effectively co-opt democratic institutions”, replacing independent judges, prosecutors and officials with political allies, according to Human Rights Watch.

Mary Lawlor, the UN special rapporteur on human rights defenders, said: “This appears to be a case of retaliation for human rights activism. Given the new context, with the government reopening the country to mining, the trial is even more significant. I’m hoping the court will send a strong message, upholding the right to defend rights, which is going to be vital in the months ahead in El Salvador.”

The five environmental activists are among more than 70,000 people detained since Bukele declared a state of emergency and suspended basic rights after a surge in gang violence in March 2022.

“To completely ignore science and the vocal opposition of a wide range of Salvadoran civil society and communities is unconscionable, undemocratic and puts people’s lives at risk,” said Caren Weisbart of Common Frontiers, a Canada-based international solidarity group. “El Salvador’s new mining law is a major step backward in the country’s efforts to prioritize environmental protection.”

The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2025/feb/02/el-salvador-retrial-environmental-activists

Defensores ambientales exonerados enfrentarán un nuevo juicio por asesinato en El Salvador

Cinco defensores ambientales salvadoreños que habían sido exonerados de acusaciones falsas relacionadas con la guerra civil enfrentarán un nuevo juicio esta semana, en medio de evidencia creciente de injerencia política.

En octubre, el tribunal de Cabañas, en el norte de El Salvador, absolvió a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega de las acusaciones por la presunta muerte de un informante del ejército en 1989. La corte determinó que el Estado no había probado que se hubiera cometido un crimen ni que los acusados, exguerrilleros de izquierda, tuvieran vínculo alguno con los hechos.

Los acusados, quienes estuvieron al frente de una campaña de base de 13 años para prohibir la minería metálica, fueron arrestados en enero de 2023 en medio de advertencias de que el presidente Nayib Bukele planeaba revocar la histórica ley de 2017.

Los líderes ambientalistas, todos mayores de 60 años y con diversos problemas médicos crónicos, pasaron casi dos años extenuantes luchando contra los cargos, incluyendo nueve meses en los que estuvieron recluidos en cárceles sobrepobladas.

Pero sus celebraciones duraron poco. El fiscal general, un cercano aliado político de Bukele, apeló con éxito el veredicto a principios de diciembre y ahora los cinco enfrentan un nuevo juicio por los mismos delitos de asesinato y asociación ilícita.

El Estado no puede presentar nuevas pruebas ni testigos en el nuevo juicio, que comienza el lunes 3 de febrero. Sin embargo, en una medida inusual, los jueces de la corte de apelaciones ordenaron que el nuevo proceso —y cualquier apelación futura— se lleve a cabo en San Vicente, una jurisdicción distinta, donde el magistrado presidente del tribunal fue nombrado durante el primer mandato de Bukele.

A finales de diciembre, la prohibición de la minería por la que estos cinco hombres habían abogado fue revocada después de que 57 aliados de Bukele en la legislatura de 60 escaños votaran a favor de la legislación propuesta por el presidente. Esta medida se produjo al tiempo que una nueva encuesta de la Central American University (UCA) (Universidad Centroamericana) halló que casi dos tercios (61 %) de la población salvadoreña se oponen a la reanudación de la actividad minera.

La semana pasada, cientos de destacadas organizaciones de derechos humanos, ambientales y religiosas, así como académicos y abogados, publicaron una carta en la que instan a Bukele a retirar los “cargos con motivaciones políticas” contra los cinco líderes ambientalistas y a restituir la prohibición minera.

“Siempre sospechamos que el enjuiciamiento de los líderes ambientales de Santa Marta tenía motivaciones políticas y que conduciría a una injusticia. El éxito del gobierno al revocar el veredicto de inocencia y la prohibición de la minería demuestra que nuestras sospechas eran correctas”, dijo Pedro Cabezas, coordinador de la Central American Alliance Against Mining (Alianza Centroamericana contra la Minería).

La prohibición minera fue aprobada por unanimidad por los diputados en marzo de 2017, en medio de la creciente preocupación por la disminución de los recursos hídricos en el país centroamericano densamente poblado.

El interés de Bukele en la minería forma parte de un esfuerzo más amplio por promover y asegurar la inversión internacional en industrias que incluyen bitcoin, el turismo y la exploración de combustibles fósiles, iniciativas que, según advierten los críticos, corren el riesgo de exacerbar los desplazamientos forzados, los conflictos sociales, la desigualdad económica y la escasez de tierras y agua.

Desde que llegó al poder en 2019, Bukele y sus aliados han adoptado medidas autoritarias contra pandillas, organizaciones de derechos humanos y oponentes políticos, y han dado pasos para “cooptar de manera efectiva las instituciones democráticas”, reemplazando a jueces, fiscales y funcionarios independientes con aliados políticos, según Human Rights Watch.

Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, afirmó: “Este parece ser un caso de represalia por el activismo en derechos humanos. Dado el nuevo contexto, con el gobierno reabriendo el país a la minería, el juicio es aún más significativo. Espero que el tribunal envíe un mensaje contundente, defendiendo el derecho a defender derechos, algo que será vital en los próximos meses en El Salvador”.

Los cinco activistas ambientales se encuentran entre las más de 70.000 personas detenidas desde que Bukele declaró el régimen de excepción y suspendió derechos básicos tras un aumento de la violencia de pandillas en marzo de 2022.

“Ignorar por completo la ciencia y la enérgica oposición de un amplio sector de la sociedad civil y de las comunidades salvadoreñas es inconcebible, antidemocrático y pone en riesgo la vida de las personas”, afirmó Caren Weisbart, de Common Frontiers (Fronteras Comunes), un grupo de solidaridad internacional con sede en Canadá. “La nueva ley de minería de El Salvador representa un gran retroceso en los esfuerzos del país por priorizar la protección ambiental”.

The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2025/feb/02/el-salvador-retrial-environmental-activists